Sólo esperan únicamente la firma de los documentos por parte del gobierno del estado para completar el trámite y empezar por fin a recuperar su patrimonio.
En las víctimas fatales de Bampeco hay una constante: se trata de personas de edad avanzada que tuvieron que suspender sus tratamientos médicos por falta de dinero y que habían destinado los ahorros de toda su vida para este fin.
Esta parte es la que poco se sabe y hasta a la que menos importancia mediática se le da cuando se conocen los fraudes cometidos por financieras que operan de manera irregular y con la complacencia de las autoridades que en teoría tendrían que tomar medidas preventivas para que estos desfalcos no se repitan.
Sin embargo, las consecuencias mortales no son la columna vertebral del actuar de quienes tienen en sus manos la solución al problema.
Es más, esas muertes ni las ven ni las oyen y existen cientos de personas más que no reciben hoy la atención médica que necesitan ni tienen el nivel de vida que planearon para su retiro, gracias a una punta de ladrones que se han enriquecido asquerosamente a costa del dinero ajeno.
Llama la atención, por cierto, el trato distinto que el gobierno del estado le ha dado a defraudados de distintas operadoras financieras y a quienes son las mentes perversas detrás del fraude.
En tiempos de Mario Marín, se utilizó toda la fuerza del estado para detener a los hermanos Tiro Moranchel y sus cómplices —hoy todavía presos—, creadores del concepto SITMA e Invergroup y responsables de uno de los fraudes más escandalosos de la historia moderna del país.
El marinismo los asociaba con el financiamiento de campañas políticas de candidatos de Acción Nacional.
Un trato muy diferente recibió Valente Medina Seoane, creador del fraude Coofía.
Él era un personaje cercanísimo al poder político en esos tiempos.
Amigo personal del entonces Secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, quien inclusive se dio el lujo de obviar un informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que alertaba sobre los riesgos de tener relaciones con empresas no reconocidas legalmente como intermediarias financieras, Valente tuvo derecho de picaporte en varias dependencias públicas del gobierno estatal.
Esto le permitió firmar convenios con la propia Secretaría de Finanzas y con el Instituto Poblano de la Mujer, al grado de que, a pesar de la desaparición de Coofía, a los burócratas que solicitaron créditos se les sigue descontando religiosamente la cantidad pactada de su sueldo.
Ese dinero llegaba a una cuenta de una empresa que no existe.
Increíble.
Lo mismo sucedió con la Buap.
Los buenos oficios de Valente y sus magníficas relaciones con las autoridades universitarias le abrieron las puertas de la máxima casa de estudios para firmar convenios similares.
Para evitar enfrentar a la justicia, el propio marinismo facilitó se huida del país rumbo a España.
Al final del sexenio, se hizo todo lo posible por acelerar la firma de convenio con FIPAGO y garantizar la devolución de parte del dinero robado, hecho que se concretó ya al inicio de la actual administración.
Sin embargo, el morenovallismo también ha tenido claroscuros en términos del apoyo a defraudados.
En enero de 2012, el Rafael Moreno Valle fue fundamental para que cerca de mil 400 defraudados por las cajas de ahorro “Bienestar Social La Paz” y “Juntos Unidos Venceremos” recuperaran su patrimonio, luego de que el gobierno de Puebla y el Fideicomiso Pago firmaran un convenio por 96 millones 250 mil pesos.
Para los afectados de Bampeco, sin embargo, hermetismo y omisiones.
Y pensar que sólo falta una firma.
Una maldita firma.
