El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del estado, Sergio Céspedes Peregrina, reconoció que no han analizado a detalle la investigación que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con respecto al caso Chalchihuapan, y que no hay, hasta el momento, un posicionamiento como órgano colegiado al respecto.
A decir del priísta lo único que se conoce de manera formal son las recomendaciones que emitió el organismo federal, divido en once puntos que el gobierno del estado deberá cumplir.
Esto a pesar de que la investigación de la CNDH revela una serie de mentiras e irregularidades en las que cayó la administración de Rafael Moreno Valle para tratar de evadir su responsabilidad en la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
Irregularidades como la violación a los protocolos, el uso de armas no letales sin capacitación para la misma, la falta de atención por parte del personal estatal a lo heridos en la manifestación, la falta de preservación de la evidencia en el lugar de los hechos, entre muchas otras que derivaron en lo que la CNDH calificó como el segundo caso de violaciones graves a los Derechos Humanos en el periodo de Raúl Plascencia Villanueva como presidente del organismo nacional.
El priísta sólo recordó que hay un plazo legal para que el gobierno del estado cumpla con todos y cada uno de los puntos recomendados por el organismo.
En ese sentido, dijo, ya se instaló la fiscalía especial para conocer del caso y de la que esperan que actúe con transparencia y que entregue los resultados que la sociedad espera.
“El resultado que mandan son muy claros, y creo que se tienen que atender y acatar las resoluciones, estamos esperando que haya muestras de sensibilidad, y que en ese aspecto, en los tiempos propios, de los términos que están todavía corriendo se puedan acatar las resoluciones. Hoy vemos que ya hay una fiscalía, esperemos que pronto empiece a dar resultados”.
Cuestionado sobre la postura de la comisión legislativa que preside sobre los señalamientos específicos de la CNDH en su investigación sostuvo que hasta el momento no hay un consenso al respecto, pero que su postura personal es la de pedir que en el caso “se llegue hasta las últimas consecuencias, para que se entreguen resultados claros, transparentes y que exista justicia”.
