A José Luis Tehuatle, un niño indígena de 13 años, lo mató la policía del Estado mexicano de Puebla. Es la conclusión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) sobre la muerte del menor, que recibió el impacto de un proyectil con gas lacrimógeno disparado por los cuerpos de seguridad durante una manifestación en San Bernardino Chalchihuapan (en Puebla, en el centro de México) el pasado 9 julio. El titular de la CNDH, Raúl Plascencia, presentó este jueves los resultados de la investigación sobre el caso, un informe que refleja mentiras y omisiones del Gobierno de Puebla.
Lo sucedido ese día —una protesta que se tornó violenta— había dejado una estela de versiones variadas y contradictorias pero, hasta ahora, sin responsables. El Gobierno estatal señaló a los manifestantes como responsables de la muerte de Tehuatle porque, según su versión, había sido herido en la cabeza por explosivos utilizados por los habitantes de Chalchihuapan para atacar a la policía. Las autoridades no presentaron pruebas para sustentar la acusación y los habitantes dijeron que la policía, amparada por una nueva ley aprobada en mayo pasado para el uso de la fuerza, había utilizado granadas de gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.
El informe de la CNDH, de 170 páginas, detalla con testimonios y pruebas forenses que el niño murió por el impacto de un objeto, posiblemente un proyectil de largo alcance, usado por la policía para esparcir gas lacrimógeno. “Se puede concluir que el menor no fue lesionado por alguna explosión u onda expansiva por la acción de un cohetón tipo cañón a contacto con la región anatómica del cráneo”, explica el documento. Además, un dictamen de los forenses federales, continúa el texto, indica que en el cuerpo de Tehuatle no se encontraron residuos de explosivos, ni marcas relacionadas con el uso de éstos.
La versión oficial queda sepultada por este informe, que también asegura que las autoridades de Puebla no agotaron el diálogo con los manifestantes antes de comenzar los enfrentamientos. El Gobierno local había argumentado que la agresividad de la población le obligó a actuar, aunque —según recoge el escrito redactado por la CNDH— la policía fue quien disparó el primer proyectil. “Los elementos de la Policía Estatal que participaron en los acontecimientos emplearon de manera excesiva y con una marcada negligencia la fuerza pública”. Plascencia ha pedido al Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que repare el daño a las víctimas —la familia de Tehuatle y otros 49 lesionados— según los estándares de la Ley General de Víctimas. Elia Tamayo, madre del niño, acudió a la presentación del informe y pidió la renuncia de Moreno Valle.
La investigación también ha echado luz en cuanto a la responsabilidad que los altos cargos del Gobierno de Puebla tuvieron en la muerte del niño. La policía limpió de casi toda evidencia el lugar de las manifestaciones antes de que la Fiscalía comenzara sus propias investigaciones. La CNDH señala que la Fiscalía local, a cargo de Víctor Carrancá, no recabó pruebas en el sitio de la manifestación y difundió hipótesis (como la de los explosivos) sin ningún sustento. El secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, dijo que el uso de proyectiles con gas lacrimógeno había sido de 232 unidades pero la CNDH comprobó que fueron detonados unos 478: el doble. Incluso el informe explica que los policías no contaban con el adiestramiento necesario para usar este tipo de armas: el proyectil que mató a Tehuatle apuntaba en dirección horizontal hacia el niño, cuando el disparo debe hacerse al aire.
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