Será este día, a las 13 horas cuando el ombudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva de a conocer las conclusiones a las que llegó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tras la investigación del caso Chalchihuapan, un caso que fue calificado por el titular del organismo como el segundo caso de violaciones graves que le ha tocado al frente de la CNDH.
El anuncio fue hecho por el propio Plascencia ante reporteros del diario Reforma. Y mientras el ombudsman trataba de evadir las preguntas por el caso y por su posible reelección al frente del organismo, en Puebla el presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Congreso, Sergio Salomón Céspedes, pidió mano firme al gobierno del estado en caso de que las conclusiones sean adversa a la administración estatal en el caso Chalchihuapan y señale responsables por la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
Una resolución que llegará dos meses y dos días después del violento desalojo del 9 de julio en el kilómetro 16 de la autopista Puebla Atlixco.
En entrevista, el priísta sostuvo que esperan un informe objetivo y claro. “Ningún tipo de informe va a solventar lo que ya vimos todos, en el aspecto de un muerte que seguimos sintiendo por que es un hecho lamentable, pero creemos que se debe apegar a derecho y los resultados de la investigación y el análisis de la CNDH sea objetiva, y que pueda dejar muy clara la posición. La institución debe fortalecerse”.
Y planteó además que las conclusiones del organismo defensor de los Derechos Humanos “se fijarán muchas posiciones y muchas posturas en el estado de Puebla”.
Pidió también no adelantar juicios hasta antes no conocer la postura oficial, pero pidió que las actuaciones sea con “objetividad, mucho criterio y sensibilidad para poder resultados claros a los ciudadanos”.
Y aunque se le preguntó si tendría que haber mano dura de la administración estatal contra los presuntos responsables, pues se han filtrado versiones de que en ese sentido podría venir la postura de la CNDH, el diputado pidió que más que “dura” sea “firme”, con “decisiones claras que puedan ayudar, que abonen a la paz social y la mejor convivencia del estado”.
También señaló, como ya lo había dicho su compañero de legislatura, Víctor Manuel Giorgana, que la resolución servirá para establecer criterios en la discusión sobre la propuesta del gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, de derogar la ley respectiva.
“Esto nos puede ayudar a definir cuál es el tema y el sentido de la ley, si efectivamente la ley fue violentada o no, si fue acatada o no, y si es una ley que sirve para regular la fuerza de la policía, o de las diferentes autoridades, o qué tan eficiente puede ser esa ley”.
