Una directriz principal ha normado y normará el actuar de la empresa: el abuso.
Hace un par de meses, los Blanco tuvieron una reunión con el equipo que integra su área comercial y con el nutrido grupo de abogados de la empresa.
La orden fue clara, concisa y sin lugar a dudas: cobrar un sobreprecio a todo, absolutamente todo.
Tarifas habitacionales sin importar el estrato social, tarifas comerciales, industriales, factibilidades, etc.
Cualquier cobro tiene que llevar un aumento de mínimo 200 y máximo 300%, dependiendo del monto total a requerir.
La estrategia se basa en una premisa que por historia demuestra que poco menos del 50% de quienes son víctimas de un abuso como éste, sigue los procedimientos establecidos para reclamar.
De esta manera, la familia Blanco calcula que saldrá impune de más de la mitad del total de casos en donde los cobros son injustos, lo que significa en los hechos cientos de millones de pesos mensuales adicionales para su empresa.
El comportamiento anterior se da sobre todo en clases acomodadas, no acostumbradas al reclamo y que por un asunto de mantener el “prestigio” y el “buen nombre” evita a toda costa el riesgo de ser exhibido como moroso.
El encargado de revisar que la estrategia se aplique al pie de la letra es el abogado Alejandro Manuel Márquez, representante legal de Concesiones Integrales, quien tiene a su cargo a un buen número de abogados “importados” del DF y que serán los encargados de llevar los casos que se presenten en tribunales.
Traer profesionales provenientes de la capital del país tiene una razón de ser: que no conozcan a nadie en Puebla y así eliminar el amiguismo, el compadrazgo, el pago de favores y los posibles compromisos.
Además, un punto importante es la reducción al mínimo posible del personal que atiende quejas y reclamos.
De esta manera, el tiempo para ser atendido crecerá de forma exponencial, facilitando la posibilidad de que el quejoso se harte de esperar y decida no formalizar su reclamo.
En este contexto, queda claro que el sobreprecio en las boletas de cobro por concepto de agua no son producto de un error sino de una política de empresa.
El peor escenario, el de que con la privatización del SOAPAP el agua potable se convirtiera en un artículo de lujo, se ha cumplido a cabalidad.
Hoy, el comúnmente llamado “vital líquido” se vende con criterios similares a los del crimen organizado o la mafia siciliana.
En el afán de hacer dinero y privilegiar a incondicionales, las políticas públicas de este gobierno han perdido completamente cualquier trasfondo social.
La prostitución del servicio de agua potable es el más claro y a la vez el más asqueroso de los ejemplos.
