Más allá de que la reacción resulta ilógica, si es que el gobierno realmente cree en su versión oficial sobre el asesinato de José Luis Tehuatlie Tamayo, la verdadera amenaza de la marcha de ayer fue su capacidad para masificar el disenso.
Y es que, disentir, fue decretado desde el inicio de la administración morenovallista como el pecado más castigado y por lo tanto, el que debía de ser erradicado del paraíso por los arcángeles del régimen.
Así, desde el primer día, se echó a andar una estrategia para controlarlo todo y eliminar mediante la amenaza, la cooptación, el ataque frontal o el encarcelamiento a los siempre incómodos contrapesos.
De esta manera, las decisiones cupulares y los caprichos personales se convirtieron en políticas públicas de observancia obligatoria.
Los poderes, en teoría independientes, se rindieron cobardemente al nuevo estilo de gobernar y allanaron el camino.
Sectores afectados, en su gran mayoría, callaron o se volvieron cómplices por hambre.
Poquísimos fueron los canales existentes para manifestar ese legítimo derecho a disentir.
El grupo gobernante no entendió que mantener una política basada en falsas unanimidades no solo era peligroso, sino que en los hechos resulta prácticamente imposible.
Seis años son muchos para controlarlo todo y SIEMPRE sucede algo inesperado.
Factores de absoluta independencia como las incontrolables redes sociales abonan a lo anterior.
La tragedia de José Luis sirvió como una válvula de escape a la inconformidad social y la eliminación del miedo a contradecir la verdad oficial.
Eso es lo que en la óptica del gobierno estatal resulta enormemente peligroso.
Una sociedad que se informe, que cuestione, que exija y que, sobre todo, se atreva.
¿Qué importa cuántos sean y qué tanto ruido hagan?
Una vez dado el paso, es ya irreversible.
Este estilo amedrentador que se alimenta del miedo, tendrá que reinventarse, redefinirse y buscar mecanismos alternos de credibilidad y legitimación a sus políticas públicas
Hoy, nadie les cree.
Por más que digan y por más que hagan, han perdido la batalla de la opinión pública y la opinión publicada.
Obtusas, falsas e insultantes resultan las “innovadoras” estrategias de comunicación social que intentan vender un gobernador cercano a la gente y, sobre todo, sensible a la realidad de la niñez poblana.
La indignación social crece porque, a medida que pasa el tiempo, resulta cada vez más evidente el hecho de que el gobierno del estado ha pervertido a las instituciones públicas para encubrir el asesinato de un niño indígena.
Y a partir de esto, ya nada podrá ser igual.
Todo parece indicar que llevarán su estilo de gobierno hasta sus últimas consecuencias.
El mentiroso comunicado oficial, sumado a las acciones y amenazas a grupos sociales y organizaciones para inhibir su participación en la marcha de ayer, nos muestran que nada han aprendido de la crisis.
La beligerancia y la violencia institucional se seguirán ensayando como eje central del ejercicio de gobierno, pase lo que pase, contra viento y marea.
Ellos no cambiarán.
Sin embargo, la sociedad demostró ayer que es una sociedad pensante, exigente, contestataria, capaz de denunciar con toda su contundencia los abusos de los que se siente agraviada y, sobre todo, no dio un cheque en blanco a Moreno Valle y su grupo al momento de optar por un cambio político en Puebla.
Lo mismo si marcha uno, que un millón.
