Haciendo referencia a la carta aclaratoria enviada por el propio Corta Fernández a Celis y a quien esto escribe, el columnista aporta datos por demás interesantes sobre los nexos entre ambas empresas.
Cito párrafos reveladores de la columna publicada ayer en Excélsior:
“El jueves 20 de marzo Excélsior dio cabida a una carta “aclaratoria” que nos mandó Vicente Corta en la que desmentía la información que aquí expusimos sobre la relación que su despacho, White & Case, tuvo con Oceanografía”.
“En esencia negaba que la firma legal, “socios, asociados o funcionarios”, hayan participado o participen en el Consejo de Administración o en algún otro órgano corporativo de Oceanografía. Pues bien, con la novedad de que la defensa del propio Amado Yáñez está demandándole a Corta los libros corporativos y contratos que la empresa tiene con Pemex y otros clientes”.
“Se acusa al exfuncionario de Hacienda de estar reteniendo ilegalmente información relevante. Se afirma que Corta fue designado secretario del consejo por Martín Díaz, quien gestionó los créditos con Banamex y contrató a White & Case como asesor legal. Ambos, el bufete y su socio director, ya fueron emplazados un par de veces para que entreguen la documentación”.
Contundente, ¿no cree?
Lo interesante de estas líneas, más allá de demostrar, al margen de cualquier ambigüedad, las ligas entre Corta Fernández y Amado Yáñez, tiene que ver con la solicitud de información relacionada con “los libros corporativos y contratos que la empresa tiene con Pemex y otros clientes”.
Y es precisamente en el rubro de “otros clientes” en donde saldrá a relucir el trato de privilegio que ha recibido White & Case por parte del gobierno del estado al otorgarle a la firma los contratos principales de las obras realizadas por concepto de PPS y los más importantes títulos de concesión otorgados por esta administración, incluyendo por supuesto el de la privatización del SOAPAP.
Resulta evidente que Amado Yáñez busca por todas las vías posibles una salida a su situación legal.
Una negociación con el gobierno federal a cambio de información privilegiada que involucre a posibles “enemigos” políticos, presentes o futuros, parece un magnífico acuerdo para ambas partes.
Si eso implica traicionar a quienes en alguna ocasión fungieron como cómplices, se trata de un precio muy bajo por evadir las responsabilidades legales de sus actos.
No se olvide, existen indicios concretos de que Yáñez, ligado también a Elba Esther Gordillo, fue parte del grupo de empresarios que financió la campaña de Rafael Moreno Valle a la gubernatura de Puebla.
