En un operativo que arrancó hace un par de semanas, la Secretaría de Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial, a cargo de Mario Rincón, clausura a los ahora llamados centros de compromiso ambiental que resultan un obstáculo para la expansión de los intereses de Cabalán Macari.
El secretario de Infraestructura, y principal carta del gobernador Rafael Moreno Valle para el 2016, es dueño de 19 de los 85 verificentros que existen en Puebla.
El representante legal de sus centros es Osvaldo Pérez Mendoza, actual Director General de Adquisiciones y Adjudicaciones de Obra Pública del gobierno del estado, dependiente ahora de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Su jefe directo en los últimos dos años fue Cabalán en su paso por la Secretaría de Administración. El funcionario gana 49 mil 976 pesos con 64 centavos al mes, aunque sigue como representante legal de los 19 centros de verificación que tiene Cabalán Macari.
Los talleres en los que figura como representante legal, Osvaldo Pérez Mendoza, están con las claves:
F041, FI001, FI002, FI003, FI004, FI006, FI007, FI008, FI009, FI015, FI0126, FI017, FI020, FI021, F1024, FI029, FI030, FI031 y FI033.
La relación de propietarios fue desaparecida en la página de transparencia del gobierno del estado, pero una copia está en manos de Al Portador.
Hoy se salvaguardan los intereses de Cabalán, quien busca quedarse con el mercado de la verificación en Puebla y formalizar un duopolio con su primo Jorge Antonio Kahwagi Macari, quien solía llamar “mamá” a Elba Esther Gordillo, dueña del partido Nueva Alianza, cuyo primer líder en Puebla fue Macari Álvaro.
De ahí que se haya lanzado una cruzada para desaparecer por la vía de la clausura a los actuales concesionarios que estorban al monopolio.
Los argumentos de la Secretaría responsable de regular los verificentros resultan por demás ridículos:
1.- Los muchachos de Mario Rincón afirman que los técnicos no tienen gafetes, pero no escucharon que ya se hizo el pago a Finanzas y la dependencia no han enviado las identificaciones. Esa no es la responsabilidad de los concesionarios sancionados.
2.- La supuesta falta del acuerdo de concesión anual es risible cuando desde octubre del 2013 se enviaron las solicitudes correspondientes y hasta la fecha no han dado una respuesta.
Es decir, el Gobierno vende hologramas y papelería y cobra por todo para trabajar; tampoco es culpa de los concesionarios que no se hayan emitido aún los acuerdos de concesión.
3.- Cada tres meses están sujetos a auditorias por parte de la empresa Trasfalgar que enviaron desde el gobierno y hoy desconocen la validez de dicha empresa, pese a que cobra entre 5 y 7 mil pesos por cada revisión, entonces, ¿para qué la mandan?
Desde hace un año invirtieron más de 1 millón de pesos en equipo para los hologramas 0 y 00 y este año vendieron papelería, pero resulta que no respetan el esfuerzo por trabajar en la más absoluta legalidad.
Igual que pasó en otros sectores, se pretende desmantelar lo que llaman una mafia para imponer la suya que les reditúe ganancias.
Las bases del Maximato, carajo.
