Este individuo ha estado en el ojo del huracán en su breve paso por el servicio público local, al verse envuelto en diversos casos de corrupción.
Como registrador de Cholula, fue señalado por recibir dinero a cambio de realizar cancelaciones de embargos e hipotecas.
De la mano de su operadora Ivonne Cristales —hoy premiada como titular de la oficina en Cholula—, Ramírez Lecona cobraba 30 mil pesos por cada “procedimiento” a modo que llevaba a cabo.
La lógica de operación, dicen los que saben, no solo es muy sencilla, sino que se ha convertido desde hace décadas en una práctica común.
Ellos mismo elaboraban los escritos y únicamente agregaban la identificación del solicitante y el pago de los derechos.
Procedían a la cancelación mediante un acuerdo que ellos elaboraban sin mediar un documento notarial, protocolo o escritura que hiciera constar la cancelación de la hipoteca o por una orden de la autoridad judicial, como es su obligación.
Solamente mediante del el pago de esa cuota y la consabida “bendición” obtenida, se resolvía el problema.
Es más, en la recta final del periodo de Alejandro Pagés, Ramírez Lecona fue retirado de su cargo bajo cargos de haber recibido dinero a cambio de favores.
Cuando salió, Pagés fue resucitado por Marisol Buendía y como Lázaro bíblico recobró el control del negocio y se fortaleció al interior.
Hoy, por fin pudo ingresa por la puerta grande al paraíso de la dorada burocracia.
Por si fuera poco, en el 2008, Ramírez Lecona se vio envuelto en un fatal accidente, en donde en estado de ebriedad —segundo grado de intoxicación etílica, según dictamen de la Procuraduría— impactó su automóvil contra unos árboles en la Calzada Zaragoza y en donde falleció su compañero de la Libre de Derecho, Víctor Báez Palma.
Como resultado de estos hechos, el juez primero de lo penal, Isauro Limón, le dictó auto de formal prisión.
¿Conclusión?
Nada cambia para bien y todo apunta a que viene lo peor.
Mientras, hay varios Registros Públicos que no tienen titular, como Libres, Tlatlauqui, Huejotzingo y Tetela, en donde envían auténticos improvisados se encargan de operar los trámites, sin que exista una verdadera supervisión de los mismos y poniendo en riesgo la seguridad jurídica de cientos de transacciones inmobiliarias.
Al parecer, no hay tela de donde cortar, es lo que hay.
O en palabras del nuevo clásico: “¿Qué más podemos hacer?”.
