La actual legislatura local contempla la realización de una última sesión extraordinaria el 10 de enero para la aprobación del paquete final de cuentas públicas; no obstante, no considera dictaminar el ejercicio 2012 del edil de Puebla, Eduardo Rivera Pérez.
Aún no existen acuerdos finales para determinar qué sujetos de revisión estarán incluidos en las cuentas a discutir y aprobar a finales de esta semana, sin embargo, fuentes internas del propio Congreso del Estado informaron a Status que hasta el momento no se han incluido las últimas cuentas del edil panista Eduardo Rivera, quien ha reconocido su interés por buscar la gubernatura en unos años.
Ante los trascendidos en torno a que las cuentas públicas del aún presidente municipal de Puebla así como la de otros ediles se mantendrán congeladas para ser utilizadas como garrote político, el auditor mayor del Estado, David Villanueva Lomelí, rechazó tal posibilidad al subrayar que se trabaja con apego a la ley y buscando siempre que los sujetos de revisión hayan hecho un correcto uso de los recursos públicos.
Afirmó que en caso de que la aprobación de las cuentas públicas se condicionara a cuestiones políticas se estaría incurriendo en un delito y se aplicarían las sanciones correspondientes: “Eso es un delito, cualquier ciudadano tiene derecho a denunciar una cuestión de este tipo sólo que tiene que presentar las pruebas correspondientes, puede ser en la auditoría o en la contraloría y en ese caso yo lo que sí les digo es que siempre he señalado que cualquier acto irregular será sancionado, entonces de nuestra parte mi compromiso para que la gestión que tengo el honor que me hayan nombrado el congreso del Estado voy a actuar con toda pulcritud y honestidad, de mi parte no va a haber nunca alguna actitud que corrompa la ley” .
Además de las cuentas públicas de Rivera Pérez, la actual legislatura dejará pendiente el tema de la aprobación a la revisión fiscal y la denuncia en contra del secretario de Salud en la última parte del sexenio marinista, Alfredo Arango, quien pasó dos años en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, acusado de enriquecimiento ilícito.
