El próximo 15 de noviembre se llevará a cabo la segunda junta de aclaraciones y el 22 de este mes se firmará el estudio técnico de la infraestructura y bases de la licitación, pero es la fecha en que las autoridades mantienen bajo llave el nombre de las participantes.
Es más, la convocatoria fue emitida desde el 18 de septiembre, seis días después de que se aprobó el decreto. En ella se obliga a las empresas que participen en el concurso, a que mantengan en confidencialidad los detalles del proceso.
La licitación SOAPAP-LPIC-001/2013 para entregar el servicio a una empresa privada marca como fecha para otorgar el fallo de adjudicación el próximo 12 de diciembre y establece que el contrato de concesión será firmado por un período de 30 años.
Antes, el 2 de diciembre, las empresas presentarán su propuesta técnica, incluyendo la garantía de seriedad; el 9 expondrán la propuesta económica.
El 18 de ese mes se constituirá la concesión, dos días después la empresa deberá pagar la contraprestación del contrato y se firmará el título de concesión. El 24 se establecería el fideicomiso de administración y entregarán la garantía de cumplimiento del contrato.
Así, las autoridades se conducen en la opacidad, pero Morena ya se organiza en colonias y barrios para rechazar la privatización por dos vías: la legal, mediante recursos de amparos individuales; y la política-social que abarca manifestaciones y actos de protesta en oficinas públicas.
Y es que si algo ha caracterizado al actual gobierno es la opacidad en los procesos de desincorporación de activos para sepultar irregularidades del pasado. Ocurrió con la concesión por 2 mil 500 millones de pesos de las carreteras estatales a la firma Opervite, la cual operará el sistema por 30 años.
Ahora, el Soapap —sumergido en la quiebra técnica, como resultado, entre otras cosas, de la corrupción y malos manejos— se privatiza para ocultar las transas del pasado y presente.
Tapar —en Puebla— es sinónimo de concesionar.
Y marca una fecha de reinado: 30 años.
@AleMondras
