De entrada, llama la atención de custodios, otros internos y personal que labora en diversas áreas del centro de reclusión el nulo tiempo que Arango pasa en la celda originalmente destinada a su encierro.
Para mayor comodidad, el director del Cereso le ha habilitado un “reservado” exclusivo en el servicio médico, en donde recibe visitas sin restricción alguna.
Cualquier día y a cualquier hora, familiares, amigos y demás interesados tienen garantizada su entrada al penal y la convivencia con el interno.
La logística, es de sobra conocida, pero sigue siendo muy efectiva.
Los visitantes de Arango jamás pasan por la aduana de visita; ingresan por la zona de vehículos lo que les garantiza total discreción e impunidad.
Hablar del resto de las comodidades de las que disfruta el que fuera funcionario público y el enorme desembolso que tiene que hacer para tener acceso a ellas, sería redundar en lo que otros medios como Diario Cambio, Periódico Central o Puebla Online han mencionado anteriormente de manera muy puntual.
En la entrega de ayer mencionaba la enorme disputa que existe entre el director del penal de San Miguel, Juan Roberto Montes Romero y la directora de Ceresos del gobierno del estado de Puebla, Lilia Verónica Cruz León.
Me preguntaba si realmente la funcionaria “recomendada” por el gobierno federal y persona de todas las confianzas del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, estaba enterada de las salidas de Arango de penal y las larguísimas estadías que disfruta en el ya famoso cuarto 424 del Hospital Puebla, además del jugosísimo negocio que representa la venta de privilegios en el sistema carcelario poblano.
La fuente referida me asegura que existe un conocimiento puntual del “caso Arango” en las más altas esferas del gobierno federal y que en el caso concreto de la venta de privilegios y la tolerancia a actividades ilícitas, Lilia Verónica Cruz León sabe perfectamente quién tiene privilegios, cuánto se paga por ellos y los personajes que tienen el control de la venta de droga, la prostitución y la introducción de armas al centro penitenciario.
También se conoce qué internos tienen accesos a aparatos de comunicación externa como teléfonos celulares y a servicios de lujo como el uso del Internet.
Es evidente que, a pesar del cambio de gobierno, todo sigue igual en lo que al sistema penitenciario poblano se refiere.
Son las mismas historias de siempre, únicamente cambian los protagonistas.
Lejos, muy lejos estamos de ser testigos de una renovación completa en la vida interna de los mal llamados Centros de Rehabilitación Social, hoy convertidos en auténticas universidades del crimen y en rentables empresas que benefician a unos cuantos.
La contundente realidad echa por tierra, una vez más, el generoso y autocomplaciente discurso oficial.
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