Me parece que más que una graciosa concesión gubernamental, conocer lo anterior es un derecho ciudadano ya que al final de cuentas somos nosotros quienes lo financiamos con nuestro impuestos y son los funcionarios públicos quienes se enriquecen con nuestro dinero.
A partir de la llegada de Felipe Velázquez Gutiérrez a la Secretaria de Obras Públicas del Ayuntamiento de Puebla, al inicio del trienio, se hizo evidente que la cruzada anticorrupción emprendida por el alcalde Rivera fracasaría estrepitosamente y quedaría para el recuerdo simple y llanamente como un romántico elemento decorativo del discurso oficial.
La sorprendente salida de Ignacio Acevedo de la dependencia, apenas dos meses después de haber sido designado por el edil como “el perfil ideal para llevar a buen puerto el ambicioso (sic) programa de obra pública del ayuntamiento de Puebla”, era un indicador claro de que en este gobierno, como en todos los anteriores, los contratos de obra pública y el otorgamiento de licencias y permisos de construcción iban a ser sinónimo de corrupción y jugosos negocios al amparo del poder.
Quien designó a Velázquez para el cargo lo tendría que haber sabido de antemano.
La estela de corrupción y desaseo que dejó a su paso como Secretario de Obras públicas de San Andrés, en los oscuros tiempos de David Cuautli, era su principal carta de presentación.
Extorsión a constructores para conseguir permisos de construcción, tolerancia a violaciones flagrantes de leyes, reglamentos y normas vigentes fueron la constante.
Como nunca, en el municipio conurbado se establecieron desarrollos inmobiliarios irregulares.
El modelo se implementó con mucho éxito en la capital.
Para lograrlo, Velázquez necesitaba un cómplice.
Alguien que también conociera con maestría las sucias artes de enriquecerse en el servicio público.
Aquí es en donde Miguel Ángel Macip Molina entra en escena.
Al principio del trienio se desempeñaba como subdirector de obras, pero cuando Velázquez es nombrado secretario, mueve cielo mar y tierra para desbancar a Rodolfo Rondero Pacheco y disputarle vía Macip el control absoluto de los contratos de obra pública.
Este personaje, al igual que Velázquez, fue Secretario de Obras Públicas en San Andrés y también fue pieza fundamental en el diseño y operación de la red de corrupción que hasta la fecha opera en ese municipio.
Macip es quien se ensucia las manos.
Trata directamente con los constructores y fija la comisión a cobrar.
13, 15 y hasta 18%, según la empresa, el tamaño del contrato y la necesidad de trabajo del constructor.
Pacta siempre el pago de la comisión por adelantado, aunque el contrato no haya sido siquiera asignado, situación que ha enojado a algunos empresarios que pagaron y jamás recibieron la obra prometida.
Velázquez se aparece solo en casos “especiales”, los de mucho dinero o los de auténtica emergencia; es decir, cuando hay atrasos o se complica el pago de la dádiva.
El tema no sorprende pero sí contrasta con el discurso de honestidad que ha ensayado el alcalde Rivera desde que tomó posesión del cargo.
No dudo que él lo ponga en práctica y lo siga al pie de la letra.
No dudo tampoco que el edil es rehén de funcionarios corruptos que no honran la filosofía con la que se gobierna la ciudad y que operan con absoluta impunidad.
¿Lo sabe Rivera y lo tolera?
¿Lo sabe y nada puede hacer?
¿Lo desconoce totalmente y vive en el País de las Maravillas?
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