Sí, esa transición que hasta el momento ha sido tersa, de terciopelo y en donde los elogios mutuos y los reconocimientos han sido la constante.
Es más, la presencia casi permanente del alcalde electo en los eventos más importantes de la agenda del alcalde en funciones ha sido una muestra de que han intentado llevar la fiesta en paz.
Sin embargo, eso fue antes del sábado, el “día D” que marcará irremediablemente la tónica de la relación entre grupos en el corto y mediano plazo.
Ahora que la guerra fue declarada, la relación entre Gali y Rivera sufrirá las lógicas consecuencias.
Algunos miembros del equipo de transición del alcalde pertenecen a la horda de traidores que con dedo flamígero señaló el gobernador en su discurso.
No sería raro que al final no se integraran el próximo gobierno municipal.
Además, Lalo es la figura principal de ese grupo cuyos agravios no olvida el gobernador y como ayer le comentaba, el tema de la aprobación de sus cuentas públicas pende sobre su cabeza cual espada de Damocles.
El problema es que, de darse la venganza a través de esta vía, el equipo de transición del alcalde electo se convertirá en automático en daño colateral.
Y es que, en este afán mediático de mostrar una unidad que en los hechos es ficticia, han dado su visto bueno a toda la información que han recibido hasta el momento por parte de las distintas áreas del gobierno municipal.
Ni una queja, ni una sola duda, mucho menos una observación.
Si el congreso decide que existieron irregularidades, ¿cómo no detectar por lo menos algo en una larguísima transición de 7 meses?
El aval implícito del equipo del alcalde electo podría convertirse próximamente en un peligroso boomerang que afecte la credibilidad y la congruencia de quienes lo integran.
De paso, confirmaría lo que ya de sobra es conocido, pero que jamás será reconocido abiertamente: las cuentas públicas han sido, son y serán utilizadas por los gobiernos en turno como garrote político.
Históricamente han demostrado ser la más efectiva herramienta para premiar aliados y castigar enemigos.
¿Qué más da si con esto se afecta el legítimo derecho ciudadano de conocer si un gobernante hace un buen uso o no de los recursos del erario?
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