Al considerar que la certificación de Puebla Segura que presume el ayuntamiento capitalino es una burla porque los robos a casa habitación, de auto partes y a cuentas habientes van a la alza, el presidente de la Comisión de Procuración de Justicia del Poder Legislativo, Gerardo Mejía Ramírez, exigió una investigación por considerar muy grave el caso de corrupción en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, toda vez que puede tratarse incluso de robo de alarmas vecinales.
“Es necesario que se ofrezca una aclaración, de comprobarse que las alarmas están en un domicilio particular se podrían fincar responsabilidades al funcionario.
No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que estando el tema de inseguridad como está algún funcionario tenga esas alarmas en su domicilio, sería un delito, es más, podría encuadrarse en robo y eso ya va más allá de una sanción administrativa”.
A una semana de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones de este año en el Poder Legislativo el priista se comprometió a presentar la próxima semana, la última, punto de acuerdo para solicitar un informe oficial respecto a las alarmas vecinales y su mal uso.
“Esto no es un tema del periodo ni de tiempo sino de las atribuciones que tenemos como diputados, simplemente sería solicitar que se presente un informe por escrito en el que se despejen todas las dudas al respecto y yo mismo lo voy a hacer”.
Lo anterior en respuesta a lo difundido por el portal Status que documentó cómo alarmas vecinales en lugar de haber sido destinadas para la seguridad ciudadana se encuentran almacenadas en el domicilio particular marcado con el número 38 de la calle 18 de la colonia San José Vista Hermosa y en cuya entrada se aprecia un letrero con la leyenda “Consultoría de Seguridad”, propiedad de Manuel Alonso, director de Capacitación y Prevención Ciudadana del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
