Desde hace dos años el gobernador, Rafael Moreno Valle, obliga a presidentes municipales a realizar obras innecesarias para acaparar el recurso público, y para el tercer año de gestión que coincide con un proceso electoral a ediles con aspiraciones les envía auditorías especiales, con lo que se comprueba que el órgano fiscalizador de la entidad es un garrote político, denunció el dirigente estatal del PRI, Pablo Fernández del Campo.
“Hemos recabado que los presidentes municipales han sido condicionados, y hasta presionados por parte del gobierno del estado, para hacer obras que no necesariamente son prioridad para los ayuntamientos (…) el gobierno del estado ordena la obra, ejecuta la obra y paga las obras con recursos de los ayuntamientos, y eso vulnera la autonomía de los ayuntamientos”.
Por su parte el delegado del comité nacional, Fernando Moreno Peña, refirió que ante la sospecha del manejo electoral que puedan existir en las cuentas públicas por parte de la Auditoría Superior del Estado, el PRI propondrá a nivel federal que sea la Auditoría Superior de la Federación la que audite este año a los municipios poblanos para evitar el golpeteo político contra administraciones priistas.
“Existe la amenaza contra algunos presidentes municipales que van bien en sus trabajos, que tienen buenas opiniones de la gente y que quieren ser candidatos a diputados de frenarlos en sus cuentas públicas para que no compitan. Planteamos que la Auditoría Superior de la Federación las revise en Puebla”, enfatizó.
El también ex gobernador de Colima opinó que las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación, principalmente en Salud y Educación de la gestión morenovallista, son consecuencia de los recursos que se usaron para las llamadas mega obras.
“Los recursos eran para medicamentos, no es que se robaran el dinero, los dedicaron a las obras de relumbrón y dejaron a la gente que va a la consulta médica del Seguro Popular sin medicamentos”, concluyó.
