El foro “Periodismo Bajo Amenaza ¿Qué hacer para proteger la libertad de expresión? reunió a periodistas, catedráticos y autoridades federales dispuestos a analizar y evidenciar la situación por la que atraviesa actualmente el periodismo en Puebla.
La falta de capacitación sobre los mecanismos de defensa que existen en el país, y de compromiso para ejercer una profesión nacida para la sociedad y no para el servicio del gobernante en turno, fueron los temas de análisis en la primera mesa denominada: Qué hacer y cómo defender la libertad de expresión.
Laura Borbolla, titular de la Fiscalía Especial de Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión; Roberto Rock, director editorial de El Universal y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa y David Fernández, rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, fueron los ponentes moderados por Valentín Varillas, Director General de Grupo Editorial Status, ante la cancelación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Adolfo López Badillo.
La fiscal de la Procuraduría General de la República (PGR), informó sobre las medidas de protección que está obligado el Estado a proporcionar a periodistas y a sus familiares ante las amenazas directas del crimen organizado.
Explicó que el recién creado Mecanismo para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos debe utilizarse y perfeccionarse por los periodistas de todo el país, mediante la generación de alertas tempranas para evitar muertes de comunicadores con antecedentes de situación de riesgo.
En el caso de Puebla, aseguró que el estado no tiene una situación de riesgo grave o inminente respecto de la participación de los grupos de la delincuencia organizada, vinculada con agresiones a medios de comunicación.
Sin embargo señaló que se trata de un estado vulnerable al estar rodeado de Veracruz y Morelos, que sí tienen ese tipo de incidencia, llamando a que periodistas y autoridades estatales generen políticas de prevención para evitar que se llegue a esos extremos o actuar “a toro pasado”.
Enfatizó que por contradictorio que parezca, para investigar o dar protección a un periodista, lo primer por hacer es demostrar que se ejerce la profesión no con dichos, sino con evidencia.
El periodista Roberto Rock habló de la fragilidad de instituciones a nivel nacional, mismas que han sido vulneradas por un nivel de violencia nunca antes conocido en la historia del país.
Añadió que la polarización, encono y malas prácticas mantienen en constante enemistad al gremio, que aunado a las pocas o nulas condiciones de seguridad que ofrecen las empresas para sus trabajadores, deja en completa indefensión al periodista.
Por ello, aseguró que la sociedad tiene un concepto erróneo del periodista o espera más de quienes lo informan.
“México es uno de los países donde la actividad periodística es la más peligrosa del mundo pero también por la decisión de medios de hacer mal el trabajo. La decisión de formar filas entre militantes de una u otra fracción, tolerar la censura, la autocensura y estimular conjuras políticas, es renunciar a la confianza que la gente depositó en ese medio o en ese periodista”, enfatizó.
En tanto el rector de la Ibero, también habló de la profesionalización de los comunicadores, enfatizando que la profesión pierde legitimidad cuando se desacredita a personas, utilizar el medio para la exaltación personal.
Añadió que la ética se debe fortalecer desde los contenidos hasta en el actuar diario de los comunicadores con códigos generados en foros de este tipo.
Caso Tehuacán y fiscalía estatal
Si no se comprueba con documentación de medios de comunicación o con notas publicadas en fechas recientes al homicidio del comunicador de Tehuacán, Adrian Silva Moreno, el caso se quedará en la competencia del estado de Puebla y no podrá atraerlo la federación, señaló Laura Borbolla, titular de la Fiscalía Especial de Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.
La fiscal de la Procuraduría General de la República (PGR), señaló que colaboran con la investigación que realiza la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en este caso, señalando que faltan declaraciones de personas que conocían de las actividades recientes antes de la muerte de Silva.
Aseguró que desconocía la versión de que el comunicador realizaba actividades de espionaje para algunos actores políticos, pero enfatizó que las líneas de investigación indican que tenía un largo periodo sin ejercer la actividad periodística.
Borbolla explicó que si las investigaciones determinan que Silva no estaba en activo como periodista, la fiscalía pierde competencia y el caso se queda en el fuero común; al tiempo de señalar que este es un caso aislado en el estado.
En este sentido consideró como apropiado que el estado cree una fiscalía especial para la atención de casos de periodistas para que PGG y PGJ “hablen el mismo idioma” en el momento de investigar agresiones contra periodistas.
