La polémica que se da al interior del congreso en torno a quién cumple con el perfil idóneo para sustituir a José Manuel Cándido Flores Mendoza al frente de la Comisión estatal de los Derechos Humanos es una cuestión mucho más de forma que de fondo.
Al final ¿qué más da quien llegue, si permanece ausente el punto central del debate?
Este debería de girara en torno a cómo dotar a la instancia defensora de los derechos humanos de las herramientas necesarias para convertirse realmente en una opción útil para quienes sean víctimas de alguna instancia de poder.
Y es que, sobra decir que en México, las violaciones del derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personales, y también a las garantías y protección judiciales, son el pan nuestro de cada día.
Con todo y las famosas comisiones de derechos humanos.
Las violaciones sistemáticas del derecho a la vida se han incrementado y gozan de una total impunidad, especialmente en las zonas militarizadas.
Los autores de la mayoría de los delitos asociados a la violación del derecho de la vida son el ejército, los cuerpos de seguridad del Estado y los grupos paramilitares.
¿Y qué tal los casos de tortura, tratamientos crueles e inhumanos, detenciones arbitrarias, intimidación y demás linduras producto de nuestras monumentales deficiencias en materia de procuración e impartición de justicia?
Ya para qué profundizar en las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones “misteriosas”.
En teoría, las instancias de defensa de los derechos humanos deben tener como puntos centrales de actuación la “protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos”, pero su actuación se limita frecuentemente a una muy cuestionada defensa de las garantías individuales.
Es obvio que la CNDH y las 32 comisiones estatales se han revelado como ineficaces por poner freno a los abusos, ya que, desde sus orígenes, se presentan como instancias próximas al poder ejecutivo, circunstancia que se acentúa más en las entidades federativas.
Por si fuera poco, las recomendaciones que giran estas comisiones se cumplen a discreción, es decir, de acuerdo al capricho y la conveniencia del infractor y a que carecen de personalidad jurídica para que éstas sean de observancia obligatoria.
Mientras todo lo anterior no cambie y desde lo más alto del poder político no se genere una cultura real de respeto a los derechos humanos, la polémica al interior del congreso en lo que a la renovación de la presidencia de la CEDH se refiere, no pasará de una cuestión de nombres y apellidos.
Nada más.
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