El crecimiento espectacular que ha desarrollado San Andrés en los últimos años en materia de desarrollos comerciales, industriales y de vivienda, ha generado que el cáncer de la corrupción oficial haya llegado para quedarse en este municipio.
Desde hace años, se le ha dado forma a un muy rentable esquema de operaciones oscuras que se sigue al pie de la letra y sin chistar y que genera ganancias millonarias para quienes lo controlan y para quienes lo toleran, entre ellos por supuesto los puros, castos y virginales líderes panistas.
Uno de los precursores de todo esto y así hay que reconocérselo es Gregorio Morales Tepanécatl, alcalde en el período 96-99, quien supo aprovechar al máximo el boom de desarrollo que se venía para este municipio conurbado a la capital, pero que no le dio tiempo de explotar al cien por ciento
Morales Tepanecatl entendió que el negocio por la venta y expropiación de tierras, además de los oscuro procedimientos para otorgar “donaciones onerosas” a personajes cercanos al gobernador en turno, no eran de su competencia, que jamás le darían siquiera una “mochada” de lo que ahí se pactara, pero tuvo la capacidad de encontrar una auténtica mina de oro que, hasta la fecha, sigue generando.
Se trata de la expedición de licencias y permisos de construcción, además de los muy solicitados finiquitos de obra, documentos que no sólo se entregan de manera discrecional, sino que ya tienen un precio fijo pactado de antemano.
El esquema lo repitió a rajatabla cuando su cómplice y heredero político, Omar Coyopol, llegó al poder y lo convirtió en síndico municipal.
Conocedor de la estrategia y en una posición importantísima para maximizar las utilidades potenciales, esta serie de prácticas se convirtieron en una auténtica institución en el ejercicio de gobierno.
Como muestra un botón.
En el último año de su administración, Coyopol otorgó 14 licencias para la construcción de fraccionamientos incluyendo algunos que en su desarrollo violaban flagrantemente distintas normas y ordenamientos en la materia como la Ley de Fraccionamientos.
La estrategia consideraba también el llegar a acuerdos para autorizar que los dueños de los desarrollos evadieran diversas obligaciones legales como el pago de los impuestos correspondientes y la cesión al ayuntamiento de una menor cantidad de metros cuadrados para áreas verdes de los que considera el marco normativo correspondiente.
Ejemplos de esto son el fraccionamiento La Vista de Marcos Salame, Lomas de Angelópolis de Gabriel Posada y Misión de San Martinito, propiedad de Carmen Minutti, a quienes les fueron otorgadas concesiones y facilidades de manera unilateral a cambio de terrenos en sus propios fraccionamientos.
El jugoso negocio estuvo a punto de terminar cuando David Cuautli ganó las elecciones locales de 2007.
Durante la campaña rompió con Coyopol y al convertirse en presidente municipal parecía que iba a emprender una auténtica cacería de brujas en contra de su antecesor.
Inclusive, en una grabación que se transmitió en Oro Noticias con Iván Mercado, Cuautli califica a Coyopol como un “corrupto” y promete “ejercer cuanto antes acción penal en su contra”.
Algo que, por supuesto, jamás cumplió.
¿Qué pasó?
Dos cosas: primero, la intervención del PAN y después, la asimilación del millonario negocio que ahora tenía la oportunidad de manejar.
Y así lo hizo.
Rafael Micalco, quien próximamente repetirá como líder estatal del blanquiazul ha sido uno de los principales alcahuetes de los alcaldes sanandreseños.
Y tal parece que en lo que resta del trienio de Miguel Ángel Huepa lo seguirá siendo.
A la fecha, en San Andrés existen más de 250 fraccionamientos que operan de manera autónoma y que satisfacen sus necesidades específicas de servicios y seguridad a través del cobro de cuotas a quienes ahí viven, por lo que el ayuntamiento casi no tiene que invertir nada en ellos.
Por cierto, vía el cobro de licencias y permisos, además del impuesto predial, San Andrés obtiene más recursos de lo que le tocan por concepto de Ramo 33.
Haga cuentas y entenderá.
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