En el reciente debate sobre las reformas a la Ley de Transparencia en Puebla, varias veces se puso de ejemplo la ley federal en la materia.
Tremendo error.
Si bien se ha señalado hasta el cansancio que la legislación poblana en materia de transparencia es una de las más atrasadas del país, también se han mostrado ejemplos de cómo, cuando no existe la voluntad, no existe ley que obligue a las instancias públicas a transparentar sus acciones y que por lo tanto, garantice el derecho ciudadano de acceder a esta información.
Un nuevo ejemplo, contundente, claro, sin ambigüedades, se publica en el más reciente número del semanario Proceso.
En un reportaje firmado por Daniel Lizárraga, se narra cómo la PGR “ha incumplido 12 veces la entrega de averiguaciones previas y expedientes sobre no ejercicio de la acción penal en casos de interés público, en su mayoría relacionados con el expresidente Vicente Fox y su familia”.
Lo anterior, a pesar de las reiteradas declaraciones del actual presidente Calderón en el sentido de que su gobierno no sería tapadera de corruptelas del pasado.
Inclusive, para no rendir cuentas, la propia PGR ha denunciado al Instituto Federal de Acceso a la Información, por pretender aplicar lo estipulado en la ley de transparencia federal:
“De esa docena de incumplimientos, la PGR ha rebotado cinco casos convirtiéndolos en denuncias contra el IFAI ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), precisamente por pretender que rinda cuentas de su actuación”.
El reportaje de Proceso cuestiona el accionar de la PGR ya que “de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia, la PGR y otras 240 dependencias están obligadas a acatar las resoluciones del IFAI, no importa si los funcionarios encargados de la custodia de los expedientes están de acuerdo con los comisionados del instituto. Como sucede con un juez de última instancia, sus decisiones son inapelables”.
El reportero Lizárraga enlista las solicitudes de información que reiteradamente ha negado la Procuraduría:
“En febrero de 2007, el representante de la ONG Observatorio por la Transparencia, Ignacio Suárez Huape, recurrió a la PGR como parte del seguimiento que realizaba de una de las empresas relacionadas con Amigos de Fox, ya que presuntamente también habría financiado la campaña del exgobernador Sergio Estrada Cajigal.”
“Desde hace seis meses, Observatorio por la Transparencia espera recibir la versión pública de la averiguación sobre Amigos de Fox. Pero según los registros del IFAI, en este asunto la PGR dio un viraje a la cerrazón”.
“La periodista Arelí Quintero pidió acceso al mismo expediente, pero la PGR clasificó el archivo por 12 años. Y aunque la resolución de la dependencia fue rechazada por unanimidad en el IFAI, la victoria le duró poco a la reportera”.
“En la misma situación está Gustavo Castillo, reportero de La Jornada. Según el expediente 35551/07, él solicitó “copia de las averiguaciones previas contra Vicente Fox””.
“Otros expedientes que la procuraduría se ha negado a entregar corresponden a investigaciones ya concluidas sobre lavado de dinero en los últimos tres años. Estos documentos fueron solicitados, también el año pasado, por el coordinador del banco de datos de Proceso, Rogelio Flores”.
Como puede ver, no es difícil concluir que, a pesar de lo que se ha lucrado políticamente con el tema de la transparencia, la existencia de una ley en la materia, en un país como el nuestro, en donde el respeto al estado de derecho es un ingrediente más que sazona el discurso político, no significa en términos reales ningún beneficio ciudadano.
No, no hay nada que celebrar.
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