
“En la vida sindical nunca se escucha un discurso incluyente en los temas de política; nunca se dice que las mujeres de la ciudad y del país no han participado en las elecciones democráticas de los sindicatos y eso no va a cambiar con las reformas propuestas en la actual iniciativa preferente puesto que no garantiza políticas afirmativas”, afirmó Rosario Ortiz Magallón, coordinadora de la Red de Mujeres Sindicalistas.
Durante el Foro Los derechos laborales vistos desde el principio de igualdad y no discriminación, realizado ayer en la Sala Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Ortiz Magallón dijo que durante los doce años que el Partido Acción Nacional se ha mantenido en el gobierno, “la velada por los derechos y el papel de las mujeres en la sociedad no coincide con una ideología de derechos humanos, pues desde que Carlos Abascal llegó a la Secretaría del Trabajo durante la gestión de Vicente Fox, las mujeres volvimos a ser culpables y responsables de la crisis política”.
En el contexto de la reforma laboral que se discute en las cámaras legislativas del país, resulta importante considerar la seguridad social, el derecho a la libertad sindical, la igualdad laboral y el diálogo tripartita, gobierno-empleador-sindicato, ejes fundamentales que, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), deben contemplarse para elaborar leyes en esta materia y de los cuales, dijo la panelista, la iniciativa presentada por Felipe Calderón “no tiene nada”.
La iniciativa, continuó, solamente incorpora los conceptos de no discriminación e igualdad de oportunidades, pero no propone acciones efectivas que brinden al trabajador las herramientas necesarias para hacer efectivos estos derechos.
En este sentido, las mujeres aún son consideradas un grupo vulnerable, lo cual, dijo, “es malísimo puesto que en sí mismo, el concepto vulnerable es discriminatorio porque coloca a las mujeres en una posición de incapacidad para mostrarse como ciudadanas con plenos derechos”.
Por otra parte, durante se participación con el tema de Derecho al trabajo y derechos humanos laborales de la infancia y los jóvenes, Gerardo Sauri, Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de la CDHDF, destacó que la vulnerabilidad es un fenómeno que deviene en culpabilizar a las personas por su condición y colocarlas en una desigualdad de oportunidades que responde a políticas asistencialistas, más que a políticas afirmativas.
Es importante diferenciar entre vulnerabilidad, un tipo de discriminación, y discriminación, “un problema más de fondo que hace referencia a relaciones desiguales de poder entre las personas, ya sea por condiciones de edad, orientación sexual, grupo étnico y clase social, por ejemplo”.
Así, añadió, la vulneración de ciertos grupos oculta que las condiciones estructurales que generan desigualdad en la distribución del poder en los aspectos político, económico, social y cultural.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI), la Ciudad de México tiene 8 millones 851 mil 80 habitantes, de los cuales, 83 mil 481 forman parte de la población económicamente activa con menos de 18 años de edad. De ellos, 28 por ciento no obtiene ninguna remuneración económica; 5.7 por ciento, en su mayoría niñas, se dedica al trabajo doméstico; casi 26 por ciento trabaja jornadas de 48 horas y 60 por ciento obtiene como pago hasta dos salarios mínimos, lo que habla de trabajos que son sumamente precarios.
En entrevista, Sauri explicó que el trabajo infantil es una forma de supervivencia que poseen los sectores de la población más discriminados, empobrecidos y marginados, pues es a ellos donde “la justicia social nunca ha llegado, donde el derecho al trabajo nunca se ha cumplido y donde el sistema educativo no resulta atrayente”, pues este se construye ajeno a la realidad de las personas y no brinda mayores posibilidades, como la cobertura universal.
Definió como “interesantes” los resultados obtenidos en encuestas del propio INEGI, donde se observa que lo que lleva a los niños a trabajar es que las escuelas no les parecen atractivas; los niños no ven en la escuela algo que les responda de manera directa a las necesidades de su vida”.
Sin embargo, en el ámbito nacional, aclaró Sauri, la situación cambia mucho, pues mientras que el trabajo infantil en varones ha disminuido durante los últimos años, el número de niñas trabajadoras se ha visto en aumento, sobre todo para realizar labores domésticas, “lo que nos muestra que el que realizan es un trabajo invisible, sin garantías, que además da pie a otro tipo de formas de explotación como la no remuneración de su trabajo”, un panorama ante el cual, agregó, se encuentra más de 40 por ciento de la población infantil económicamente activa del país.
Las reformas a la ley en materia laboral “desmantelan las garantías de los trabajadores infantiles, pues lo que hace es ampliar las prohibiciones y no resuelven ni garantizan que los niños vayan a dejar de trabajar”, concluyó.