Por Valentín Varillas
El anterior gobierno de la capital dejó como herencia una combinación letal de deuda, opacidad contractual y daños patrimoniales.
Al cierre de la gestión panista, se cuadró una deuda heredada de 547 millones de pesos.
De faltantes en cuentas bancarias: 333.9 mdp.
En contratos de “último minuto”: 116.9 millones.
Y en “otros adeudos”, rubro en el que cabe cualquier cosa: 96.2 mdp.
No se trata de irregularidades contables o errores administrativos.
Es una realidad que ha puesto en jaque la operatividad de la actual administración municipal.
Hubo proveedores que fueron beneficiados con contratos, pero cuya personalidad legal y jurídica ha sido imposible de comprobar, millonarios sobrecostos, además de todo tipo de servicios con expedientes incompletos.
Se detuvieron pagos por un monto de 70 millones de pesos de los cuales, 50 no pudieron liquidarse porque las empresas incumplieron con todo lo estipulado en sus respectivos contratos.
Dinero que fue comprometido y que se destinó a productos y servicios que jamás se devengaron.
La Auditoría Superior del Estado ha documentado hasta el momento un daño patrimonial del orden de los 261.2 millones de pesos tan sólo en el ejercicio fiscal 2023.
Las 58 observaciones del órgano de control, son contundentes.
Al menos 15 de estos pliegos implicarían acciones de tipo penal.
Contratos sin precios unitarios claros, falta de evidencia documental en reportes y entregables, además de razones sociales de personales morales que recibieron contratos en áreas completamente distintas al objeto que registraron oficialmente ante la autoridad fiscal.
Y lo que falta.
Por su parte, en el orden federal, la Auditoría Superior de la Federación ha realizado señalamientos por 313.3 millones de pesos.
Cerca de 120 de ellos no tienen manera de justificarse con la documentación existente y 63.5 millones más no cuentan con un “rastro claro de uso”.
Es decir, en este último rubro no existe la evidencia documental mínima, la básica, la más elemental.
Además de cuentas por pagar, dejaron cuentas imposibles de explicar.
Conclusión: un modelo de gobierno en donde reinó la discrecionalidad, la opacidad y la corrupción.
Regidores del PAN lo saben de sobra.
Fueron parte importante de la columna vertebral de aquel trienio y por lo mismo, corresponsables de semejantes aberraciones.
Imposible que lo reconozcan públicamente con valentía y honestidad, pero sin duda forman parte del grupo de beneficiarios de este monumental saqueo.
