Por Valentín Varillas
La investigación de la matanza de Sala de Despecho es la auténtica prueba de fuego para la fiscal del estado, Idamis Pastor Betancourt.
La instancia a su cargo debe de llevar una investigación pulcra, impecable, perfecta, pero sobre todo creíble, para llegar a saber con total exactitud qué fue lo que pasó.
A pesar del altísimo impacto mediático del tema.
Con todo y la permanente tentación de contaminarlo con cuestiones ajenas a lo que marca el estricto protocolo.
La política, por ejemplo.
Tendrán que manejar este proceso con absoluto rigor, sin violar derechos ni generar impunidad.
A pesar de la exigencia social de justicia es necesario que se determine con claridad al autor o autores intelectuales, si hay motivos más allá de la agresión directa y exponer más allá de toda duda si hubo la participación real de grupos ligados a la delincuencia organizada o si estos hechos son derivados de un conflicto personal.
Todo lo anterior podrían parecer obviedades, pero la FGE enfrenta un reto titánico por la gran cantidad de versiones contradictorias que han circulado en redes sociales y medios tradicionales.
La infodemia desatada apenas minutos después de la balacera, no es el mejor contexto para comunicar hechos verificables, al margen de especulaciones, para evitar la desinformación y al mismo tiempo proteger a las familias afectadas, además de respetar el cauce de la propia investigación.
Pareciera que el juicio social, siempre sesgado de todo tipo de filias y fobias, ha emitido ya diversos y convenientes dictámenes que no necesariamente son un reflejo fiel de la realidad.
Si la Fiscalía prioriza la transparencia y la eficacia, podría abonar a la restauración de la tan devaluada confianza en las instituciones públicas del Estado.
Demostrar que puede llevar a cabo procesos jurídicos sólidos, en donde existan canales abiertos de comunicación e interacción con esta sociedad sedienta de justicia. Y que inclusive, los sectores que la componen pudieran colaborar en la conformación de un esquema de seguridad más amplio orientado a la reducción y el esclarecimiento de este tipo de hechos de violencia.
Es cierto que resulta muy complicado prevenir los ataques directos contra objetivos específicos, desde las instancias en materia de seguridad pública.
Pero esta realidad no impide que, con honestidad, claridad y profesionalismo, se pueda llegar hasta el fondo de los hechos.
Porque eso es, en teoría, lo que todos queremos.
¿O no?
