Por Yasmin Flores Hernández
Un país entre versiones y realidades…
México es hoy un campo de batalla entre relatos oficiales y realidades incómodas.
Cada vez que ocurre una tragedia o surge un escándalo, la respuesta de los poderes públicos tiende a enmarcar la narrativa de forma conveniente: errores humanos, culpables individuales, y sistemas que funcionan, aunque los hechos indiquen lo contrario.
En este país, el discurso oficial se erige como el relato dominante que pretende dar sentido a lo incomprensible.
Sin embargo, cuando se abre el expediente más allá de las conferencias de prensa, aparecen patrones repetidos: omisiones, falta de transparencia, responsabilidad diluida y el habitual blindaje a las capas más altas del poder.
Lo que sigue no es un compendio de anécdotas desconectadas. Es la radiografía de un fenómeno estructural: la construcción de narrativas que encubren fallas sistémicas, corrupción generalizada e impunidad institucionalizada.
A usted que me escucha y me lee, déjeme le cuento:
El descarrilamiento del tren interoceánico: una tragedia que se atrinchera en versiones oficiales.
El 28 de diciembre de 2025, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec —un proyecto ferroviario emblemático con el objetivo de conectar el Atlántico con el Pacífico— vivió su momento más oscuro.
Un tren de pasajeros descarriló en Oaxaca, dejando al menos 14 muertos y más de 100 heridos.
La escena fue trágica: vagones volteados, familias destrozadas, comunidades enteras enlutadas. El balance oficial, lejos de disipar dudas, abrió un enorme ausente de confianza.
La versión oficial
La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el exceso de velocidad fue la causa del siniestro y que el sistema de frenos operaba correctamente. El maquinista y otros empleados fueron detenidos por homicidio y lesiones culposas, apuntando toda la responsabilidad hacia la conducta individual.
La evidencia contradictoria
Sin embargo, documentos y testimonios filtrados señalan que:
• Las locomotoras eran modelos antiguos del año 1963, sin velocímetros adecuados.
• Los vagones tenían desgaste crítico en las ruedas.
• Las vías combinaban durmientes de madera y concreto sin transición técnica adecuada.
• El sistema de frenos automático (ATS) —estándar en otros países— no estaba implementado.
• Comunicaciones deficientes entre tripulación y control.
Todo ello indica que no fue sólo un error humano: la infraestructura misma falló.
El significado político y social de este episodio no es aislado.
El tren operó durante meses sin seguro obligatorio para pasajeros, violando leyes ferroviarias básicas.
La respuesta oficial se centró en achacar la culpa al operador, mientras que las fallas estructurales quedaron en el olvido.
Culpar al operador sigue una lógica recurrente de atribuir el problema al eslabón más débil de la cadena, mientras se protege a quienes diseñaron, licenciaron, compraron y operan el sistema ferroviario en su conjunto. Este patrón se repite en otros ámbitos de la administración pública: cuando fallan las obras, se responsabiliza al trabajador; cuando se desvía dinero, se responsabiliza al que menos se puede defender; nunca a la estructura política que permitió que eso ocurriera.
Como diria el Senador Manuel Añorve:
¿Por qué vamos por los charales, si podemos ir por los peces grandes?
En un país donde los megaproyectos se inauguran por decreto y se inauguran antes de estar listos, este accidente expone una falla más profunda: el interés político prevalece sobre el público.
Finalmente, el gobierno anunció un proceso de reparación integral para las víctimas —vivienda, becas, apoyo social— pero no ha saldado ninguna duda sobre las causas reales ni las responsabilidades institucionales.
Mientras el país mira el descarrilamiento del tren, otro escándalo de dimensiones económicas igualmente graves ha pasado sin la misma atención mediática: el desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana.
¿Qué era Segalmex?
Creada en 2019 con supuestos fines sociales para garantizar la seguridad alimentaria en zonas vulnerables, Segalmex fue presentada como un logro progresista destinado a combatir el hambre.
Sin embargo, investigaciones de organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) detallan cómo desde 2020 ésta dependencia se convirtió en el escenario de un desfalco multimillonario superior a 12 mil millones de pesos a través de redes de empresas fantasmas, pagos sin respaldo y contratos inflados.
De hecho, el desvío de Segalmex se ha calificado como más grande que otros escándalos conocidos de desvío de recursos, incluso comparado con la llamada Estafa Maestra —que movió cientos de millones de dólares en años anteriores.
Pero como siempre la impunidad institucional prevalece
A pesar de las evidencias ampliamente documentadas, pocos han enfrentado consecuencias reales.
Funcionarios de nivel medio han sido procesados, pero la cabeza del caso permaneció sin sanción, y muchos de los contratos y pagos jamás fueron recuperados ni aclarados públicamente.
Este fraude no sólo devoró dinero público: destruyó la confianza de quienes más necesitaban apoyo, consolidando la percepción de que la corrupción no fue abolida, sino transformada en formas más sofisticadas.
Ahora bien, si Segalmex representa el saqueo de los pobres, el fenómeno conocido como huachicol fiscal representa un agujero fiscal que arrebata miles de millones a toda la nación.
¿Qué es el huachicol fiscal?
A diferencia del robo tradicional de combustible, el huachicol fiscal involucra redes complejas de contrabando, evasión, importaciones fraudulentas de productos petrolíferos y triangulaciones operadas por cárteles, empresas y funcionarios públicos.
Investigaciones señalan que este fraude puede haber generado daños fiscales por cientos de miles de millones de pesos, tan solo en operaciones conocidas hasta ahora.
Además, la Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. alertó cómo crudo robado de Petróleos Mexicanos se trafica, se refina en Estados Unidos y vuelve como gasolina, ahora legal, al mercado mexicano.
Medios informan que el huachicol fiscal podría superar en daño a Segalmex, y ser hasta 20 veces mayor, convirtiéndose en uno de los fraudes más grandes de la historia moderna de México.
Pero a todo esto ¿Qué implicaciones políticas tendra? Dudas que matan.
El fenómeno llegó a tensar las relaciones con Estados Unidos.
Este escándalo pone en evidencia la profunda interrelación entre crimen organizado, falla institucional, complicidad de redes y el uso de instituciones públicas para encubrir actividades ilícitas.
El huachicol fiscal no es simplemente robo de ductos; es un mecanismo mucho más sofisticado que involucra contrabando de hidrocarburos, evasión de impuestos, facturas fraudulentas, empresas de fachada y redes que incluyen desde cárteles hasta operadores públicos.
Este tipo de contrabando implica que grandes volúmenes de gasolina y petróleo ingresan o circulan sin pagar impuestos, lo que significa pérdidas fiscales colosales.
Algunos reportes estiman que las pérdidas superan con facilidad los 170 mil millones de pesos, una cifra superior al monto de Segalmex y de la llamada Estafa Maestra combinada.
La magnitud de este fraude ha llamado la atención internacional, e incluso ha generado solicitudes de extradición entre México y Estados Unidos vinculadas a estas redes de contrabando.
Esto evidencia la dimensión transnacional del problema, donde los recursos que son propiedad de la nación se filtran hacia mercados globales mismos, sofisticados de evasión y contrabando.
Pemex atraviesa una grave crisis financiera con deuda histórica y producción en declive, a inyecciones masivas de recursos públicos para mantenerla a flote.
Pero a todo esto, ¿cuál es el papel del huachicol fiscal?
El robo de hidrocarburos y las redes de huachicol fiscal están intrínsecamente vinculados a Pemex porque gran parte de los combustibles y crudo provienen de esta empresa estatal.
El hecho de que se cantidades masivas de hidrocarburos sin pagar impuestos, y que parte de esos productos regresen al mercado legal como gasolina ya refinada, es una demostración de que ni las instituciones responsables ni el propio Estado pueden asegurar el control sobre sus recursos.
Pese al enorme impacto económico y fiscal que esto implica, las estrategias para combatirlo han sido parciales, reactivas y, muchas veces, más pensadas para contener el escándalo que para resolver el problema.
Las cifras oficiales siguen siendo opacas, fragmentadas y contradictorias. Las propias autoridades reconocen la complejidad del fenómeno, pero esa complejidad termina funcionando como excusa permanente para no avanzar en investigaciones profundas ni en sanciones ejemplares.
Y mientras los expedientes se empolvan, las responsabilidades se diluyen y los tiempos políticos se imponen sobre los tiempos de la justicia, el mensaje es claro: en México, la corrupción no se erradica, se administra.
Este fracaso sistemático para enfrentar lo que ocurre en Pemex no es un caso aislado.
Es el reflejo de un modelo que también vimos en el Tren Interoceánico, donde se culpó al operador y se protegió al sistema; en Segalmex, donde el saqueo multimillonario terminó sin castigos reales; en el huachicol fiscal, donde las redes siguen operando; y en la reforma electoral, donde se habla de legitimidad desde estructuras que nunca pasaron por las urnas.
Así, las instituciones dejan de ser espacios de rendición de cuentas y se convierten en cámaras de resonancia de la impunidad estructural: repiten discursos, justifican omisiones y blindan a los mismos de siempre.
No corrigen el daño. Lo normalizan.
Después de normalizar la impunidad en obras públicas, programas sociales y empresas del Estado, el siguiente paso lógico fue intentar rediseñar el terreno donde se disputa el poder: el sistema electoral.
Bajo el discurso de austeridad, eficiencia y “verdadera representación popular”, se impulsó una reforma orientada a debilitar a los organismos autónomos y a reducir —o eliminar— las diputaciones plurinominales, bajo el argumento de que sólo deben llegar al poder quienes ganen directamente en las urnas.
En apariencia, la propuesta suena razonable. En el fondo, encierra una profunda contradicción, porque muchos de quienes defienden ese discurso no llegaron por voto ciudadano.
Uno de los casos más representativos es el de Arturo Ávila Anaya.
¿Pero quien es Arturo?
Trayectoria construida sin urnas
A lo largo de su carrera política, Arturo Ávila ha ocupado cargos principalmente por la vía plurinominal.
No ha ganado distritos.
No ha vencido en competencia directa. No ha pasado por el escrutinio territorial de las comunidades.
Su ascenso ha dependido de:
• Listas partidistas,
• Acuerdos internos,
• Negociaciones de cúpula,
• Lealtades políticas.
Todo dentro de la ley.
Todo permitido por el sistema, pero profundamente contradictorio frente al discurso que hoy defiende.
Esto sin duda se convierte en una paradoja del poder
Cuando un político que nunca ganó una elección directa impulsa eliminar los mecanismos de representación proporcional, lo que está diciendo en realidad es:
“Quiero cerrar la puerta por la que yo mismo entré”.
No se trata de democratizar.
Se trata de controlar.
Eliminar contrapesos.
Reducir pluralidad.
Concentrar decisiones.
La reforma no busca fortalecer la democracia.
Busca administrarla.
Y con ello construir el debilitamiento institucional.
En este proceso también se ha buscado restar fuerza al Instituto Nacional Electoral, una de las pocas instituciones que, con todos sus defectos, ha permitido alternancia, competencia y vigilancia ciudadana.
Debilitar al árbitro electoral significa dejar el juego sin reglas claras.
Y un juego sin árbitro siempre favorece al que tiene más poder.
Pero déjeme decirle que hay una conexión con otros escándalos.
La lógica es la misma que vimos antes:
• En el tren: se oculta la falla estructural.
• En Segalmex: se diluye la responsabilidad.
• En Pemex: se administra la corrupción.
• En la reforma: se concentra el poder.
Todo forma parte del mismo modelo:
Decisiones sin consulta.
Control sin rendición.
Poder sin evaluación.
Representación sin representación.
Cuando los políticos no necesitan salir a convencer ciudadanos, tocar puertas, debatir en colonias o rendir cuentas a comunidades reales, se rompe el vínculo básico de la democracia.
Empiezan a representar:
• A sus partidos,
• A sus líderes,
• A sus grupos,
• A sus intereses.
Menos al ciudadano.
Y así, la política se convierte en un ejercicio de administración interna, no de servicio público.
Y con ello viene la democracia simulada.
El resultado es una democracia formal, pero vacía.
Se vota, se reparten cargos, se negocian posiciones y se legitiman decisiones.
Pero la ciudadanía queda al margen.
Exactamente igual que en Pemex, Segalmex o el Tren: el ciudadano aparece solo cuando hay tragedia, fraude o crisis.
Nunca cuando se toman las decisiones.
Pero a todo esto hay un mensaje implícito del sistema.
El mensaje es claro:
• “No importa si no ganaste elecciones.
• No importa si fracasaste.
• No importa si hubo corrupción.
• Mientras seas leal, estás protegido”.
Ese mensaje destruye lentamente cualquier cultura democrática.
En todo sistema político hay figuras que concentran poder real, no sólo cargos.
Operadores que mueven acuerdos, destraban conflictos, construyen alianzas y garantizan gobernabilidad.
En el actual régimen, uno de esos nombres ha sido Adán Augusto López Hernández.
Exsecretario de Gobernación, hombre cercano al presidente, negociador con gobernadores, interlocutor con el Congreso y pieza clave en momentos de crisis, Adán Augusto fue durante años presentado como un político eficaz, pragmático y confiable.
Pero también como un personaje blindado.
El pasado domingo al iniciar las sesiones ordinarias, Adán Augusto López Hernández se despide de la coordinación de Morena en el Senado para enfocarse en la operación política rumbo a las elecciones, particularmente en la Ciudad de México.
Oficialmente, se habla de una “reorganización estratégica” y de su interés por fortalecer al partido en territorios clave.
Sin embargo, según fuentes cercanas, esta salida no sólo responde a una decisión interna, sino también al fracaso de su posible designación como embajador, luego de que Alemania habría rechazado recibirlo como representante diplomático.
Ante ese escenario, su permanencia en el ámbito legislativo perdió viabilidad y se optó por reubicarlo en tareas de operación electoral.
Así, lejos de representar un retiro, el movimiento confirma su papel como operador político del régimen: cuando no hay salida institucional, hay acomodo electoral. Cuando no hay diplomacia, hay campaña.
Y cuando el poder se reacomoda, lo hace siempre dentro del mismo círculo.
Y si usted que me escuha y me lee, no me cree déjeme decirle que hay redes, señalamientos y silencios.
En los últimos meses, diversas investigaciones periodísticas han documentado la existencia de redes de contrabando de combustibles, importaciones irregulares, empresas fachada y evasión fiscal a gran escala. Lo que hoy se conoce como huachicol fiscal.
En varios de estos reportes aparecen:
• Puertos con controles laxos,
• Aduanas vulnerables,
• Empresas ligadas a operadores políticos,
• Funcionarios cercanos involucrados,
• Redes que operan sin interrupción real.
Y aunque no existen imputaciones judiciales directas contra Adán Augusto, su entorno político y administrativo ha sido mencionado reiteradamente en este contexto.
Demasiadas coincidencias para ignorarlas.
Demasiadas omisiones para normalizarlas.
Cada vez que su nombre surge en la conversación pública, la reacción institucional es predecible:
• Se minimiza el tema.
• Se descalifica a los críticos.
• Se acusa “guerra sucia”.
• Se promete investigar… sin investigar.
No hay fiscalías autónomas activas.
No hay comisiones independientes.
No hay auditorías profundas
Sólo comunicados.
Este blindaje no es exclusivo de una persona.
Es parte del sistema.
Y ahí nace el poder como escudo.
En México, la cercanía al centro del poder funciona como una póliza de impunidad.
No importa el tamaño del señalamiento, importa el tamaño de la protección.
Lo vimos en:
• Segalmex,
• Pemex,
• Megaproyectos,
• Redes fiscales,
• Contratos inflados.
El mensaje es consistente:
“Mientras seas útil, estás a salvo”.
Aquí se revela la mayor contradicción del discurso oficial.
Se habla de “cero tolerancia”, se presume moralidad, se promete castigo.
Pero los expedientes no avanzan cuando tocan al núcleo del poder.
La lucha anticorrupción se convierte en un instrumento selectivo:
Se usa contra adversarios.
Se congela para aliados.
Este modelo no solo daña finanzas públicas, daña la idea misma de justicia.
Porque cuando la gente percibe que hay intocables, deja de creer.
Y cuando se pierde la confianza, se rompe el contrato social.
Y si el patrón que se repite…
Tren → operador.
Segalmex → funcionarios menores.
Pemex → excusas técnicas.
Huachicol → “casos complejos”.
Reforma → control político.
Siempre hay una explicación, nunca hay responsables arriba.
El mensaje implícito siempre esta ahí, esperando ser entendido.
El sistema comunica sin decirlo:
“No importa lo que pase.
No importa lo que se filtre.
No importa lo que se pruebe.
Aquí nadie importante cae”.
Y eso es devastador para cualquier democracia.
Detrás de cada cifra, de cada expediente archivado, de cada conferencia de prensa, hay personas reales.
No son estadísticas, no son “daños colaterales”, no son “casos aislados”, son familias.
Las familias del Tren Interoceánico que perdieron hijos, padres, madres, hermanos, y que aún hoy siguen esperando respuestas claras.
Los pequeños productores y comunidades rurales que dejaron de recibir apoyos porque el dinero de Segalmex terminó en cuentas privadas.
Los proveedores de Pemex que quebraron porque los pagos nunca llegaron, mientras los contratos inflados sí se pagaban puntualmente.
Las comunidades afectadas por redes de huachicol que generan violencia, inseguridad y control territorial.
Los ciudadanos que votan y descubren que sus representantes nunca pasaron por las urnas.
Ellos son los verdaderos perdedores de este sistema.
En México, la justicia no se aplica con la misma fuerza para todos.
El ciudadano común enfrenta procesos largos, multas, embargos, prisión preventiva.
El poderoso enfrenta:
• Comunicados,
• Negociaciones,
• Reacomodos,
• Silencios.
La ley existe, sólo no pesa igual.
México no enfrenta una crisis por falta de talento, recursos o creatividad. Enfrenta una crisis de responsabilidad.
Tenemos:
• Megaproyectos sin supervisión real,
• Programas sociales sin control,
• Empresas públicas sin transparencia,
• Políticos sin respaldo ciudadano,
• Redes sin castigo.
Y un aparato institucional diseñado para justificarlo.
El problema sin duda es de fondo…
El problema no es que haya errores, el problema es que nunca importen, el problema no es que haya corrupción, el problema es que esté protegida, el problema no es que haya tragedias, el problema es que se administren.
Una democracia donde nadie paga por fallar termina siendo una simulación.
Se vota, se promete, se gobierna, se falla, se justifica y por supuesto se repite.
Y mientras tanto, el país se desgasta.
México no necesita más discursos, necesita verdad. No necesita más promesas, necesita consecuencias.
No necesita más narrativas, necesita justicia.
“Un país no se destruye solo con violencia o pobreza. También se destruye cuando la mentira se vuelve política pública y la impunidad, política de Estado.”
“Un país no se destruye solo con violencia o pobreza.
También se destruye cuando la mentira se vuelve política pública y la impunidad, política de Estado.”
