Por Karina Fernández
El presidente del Congreso local, Pavel Gaspar Ramírez llamó a los ciudadanos a formalizar las denuncias contra los ayuntamientos que se presume incurren en irregularidades en el ejercicio del gasto público.
Así lo comentó tras los señalamientos públicos por sobrecostos en obras a cargo de los ayuntamientos de Xicotepec y San Andrés Cholula.
En rueda de prensa, el morenista admitió que no ha solicitado una reunión con el nuevo auditor para revisar el tema, pero recordó que tanto el Congreso de Puebla como el órgano fiscalizar pueden recibir denuncias por estas sospechas.
“Desde el Congreso del estado hemos exhortado a los alcaldes que se conduzcan con ética y con principios, sin distingo partidista, y esperamos las denuncias correspondientes. Pueden presentarlo en la auditoría o en el Congreso”.
Comentó que los diputados locales analizarán el catálogo tabulador de obra pública, de la federación y estado, para contrastar costos de distintos proyectos con las estimaciones hechas por los ayuntamientos.
“Hay un catálogo tabular para obras públicas en las secretarías de Infraestructura federal y estatal. Estaremos en el Congreso atentos, informándonos, a que no excedan los costos en las obras sobre estos catálogos que es la base”.
(…) y no he iniciado una petición para reunirme con el auditor, no tengo por el momento reuniones, pero cuando lo tenga lo daré a conocer”, apuntó.
Recordó que el Congreso y la Auditoría Superior del Estado estar abiertos a recibir denuncias ciudadanas por
El morenista exhortó a los presidentes municipales -sin distingo partidista- a conducirse con ética y con principios, no sin antes remarcar que desde el Congreso de Puebla se dará seguimiento puntual al tema de Xicotepec y San Andrés Cholula.
Endurecimiento de penas contra el despojo inmobiliario, una prioridad
Respecto de la iniciativa de reforma enviada por el gobernador Alejandro Armenta para endurecer las penas por el delito de despojo inmobiliario, Pavel Gaspar reconoció que el proyecto será una prioridad para esta legislatura.
Comentó que la iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para darle atención frente al abuso de estas mafias contra sectores vulnerables, como adultos mayores, discapacitados y comunidades indígenas.
“Creo que el abuso que ha habido de los que se reúnen para ‘amafiarse’ y faltar éticamente a los poblanos; estaremos a favor de la justicia social, bienestar social y para el Congreso del Estado es prioridad sacar esta iniciativa de reforma”, afirmó.
La propuesta plantea elevar el castigo hasta 20 años de prisión y multas que superan los 350 mil pesos contra autores intelectuales, quienes financien o dirijan estas operaciones; castigando también a notarios y servidores públicos involucrados.
