Por Karina Fernández
La ley de ciberseguridad -mejor conocida como ciberasedio – era ambigua y abría la puerta a imputaciones basadas en interpretaciones, por lo que era necesario presentar una acción de inconstitucionalidad.
Así lo reconoció la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), Rosa Isela Sánchez, respecto de la primera reforma aprobada en junio pasado por el Congreso del Estado.
No obstante, argumentó que, derivado de los foros desarrollados por los diputados, se hicieron las reformas que cumplían con el principio de taxatividad dentro del término legal para la promoción de dicha acción.
Por esta razón, explicó, fue que la Comisión de Derechos Humanos decidió no actuar y promover la acción de inconstitucionalidad contra dicha ley.
“Este órgano defensor de los derechos humanos está consciente que en la integración de tipos penales pueden existir elementos subjetivos, pero coincide con las voces que indican que es preferible eliminar en la medida de lo posible la aplicación de criterios en la valoración de conductas delictivas por lo que determinó la promoción de la acción de inconstitucionalidad contra este precepto”.
Rosa Isela Sánchez compareció ante diputados locales de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, donde participaron los representantes de distintos grupos parlamentarios, salvo de Movimiento Ciudadano.
La ombusperson fue cuestionada por la diputada del PRI, Delfina Pozos por los resultados entregados en su primer año de gestión que -dijo- se caracterizó por su baja productividad para la emisión de recomendaciones y acciones frente a violaciones de derechos humanos.
Dejó ver que la Comisión de Derechos Humanos dejó de ser un organismo incómodo para los gobiernos, para atender las quejas ciudadanas.
Rosa Isela Sánchez informó, en su comparecencia, que en el año se recibieron 8 mil 563 quejas de las cuales 6 mil 691 fueron concluidas, que representan menos del 80 por ciento.
Se recibieron y tramitaron quejas relacionadas con el derecho humano al agua por las que se emitieron ocho medidas cautelares, una recomendación al ayuntamiento de San José Miahuatlán y cinco conciliaciones.
