Por Karina Fernández
La dirigencia de Morena en Puebla no ha buscado al alcalde de Xicotepec, Carlos Barragán, que fue cuestionado por el gobernador del estado por el costo millonario que su ayuntamiento pagó por la pavimentación de una calle.
Se trata de un camino en la junta auxiliar de Villa Ávila de dicho municipio por la que se pagaron más de 4.5 millones de pesos, y, que a decir del gobernador Alejandro Armenta, la obra no rebasaba el millón de pesos.
La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, Olga Romero Garci Crespo dijo que esperarán a la reunión que el partido tendrá con los presidentes municipales emanados del movimiento, para dar seguimiento del cumplimiento al decálogo que firmaron como autoridades electas.
No obstante, puntualizó que dichos servidores públicos deben conducirse con base en los compromisos y responsabilidades adquiridas, de lo contrario podrían ser amonestados o sancionados por la dirigencia estatal o el Comité Ejecutivo Nacional.
“No estamos jugando en Morena. Tenemos un compromiso muy grande y muy fuerte con nuestra gente, militantes y simpatizantes que han tenido la confianza en nosotros, y la responsabilidad debe ser nuestra pero también de todos los que tengan un puesto público emanado de nuestro movimiento y esta evaluación sí será para poder llevar a cabo alguna amonestación”.
Del encuentro con presidentes municipales, detalló que, en un primer momento, se llevará a cabo con alcaldes y alcaldesas siglados por Morena, y posteriormente, con los presidentes municipales registrados en coalición con PT, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Fuerza por México.
En el decálogo, que fue diseñado por la dirigencia nacional de Morena, las autoridades electas se comprometieron a erradicar privilegios a funcionarios y servidores públicos, conducirse con transparencia y rendición de cuentas.
Consultar al pueblo ante cualquier duda o conflicto, generar mecanismos para evitar o en su caso castigar la corrupción, garantizar la paridad de género, fortalecer los servicios públicos haciendo de lado la privatización; y orientar los recursos públicos en favor de los ciudadanos.
