Por Yasmín Flores Hernández
No los están matando, ahora los están procesando.
En Veracruz, un periodista cumple detención domiciliaria; en Tabasco otro es reprimido por ejercer su oficio; y en Puebla un tercero es vinculado a proceso.
Tres estados, tres historias distintas, un mismo patrón: el uso del aparato penal para silenciar a la prensa crítica.
Mientras los discursos oficiales repiten hasta el cansancio que vivimos una época de libertades y transformación, la realidad muestra otra cosa: periodistas perseguidos, carpetas de investigación como mordazas, jueces convertidos en herramientas de castigo político.
No es una coincidencia, es un método.
Un método limpio, institucional, legalista… pero profundamente autoritario.
Porque en la 4T ya no hace falta desaparecer a los periodistas para callarlos, ahora basta con llevarlos a juicio.
Y mientras eso ocurre, los narcos siguen operando, los políticos corruptos siguen intactos y la impunidad sigue siendo la única política verdaderamente inquebrantable del régimen.
Esa es la fotografía completa: no un error judicial, no un exceso aislado, sino una forma nueva —y peligrosamente normalizada— de censura institucional.
Porque cuando el poder quiere mandar un mensaje, no empieza por el eslabón más fuerte. Empieza por el que estorba con preguntas.
Por el que no se alinea.
Por el que se atreve a nombrar lo que otros prefieren ocultar.
Y el primer escenario de esta historia es Veracruz.
En Veracruz, ya no hace falta desaparecer periodistas. Hoy basta con encerrarlos en su propia casa para que el resto entienda el mensaje.
No se trata de un error judicial ni de un caso aislado. La detención domiciliaria impuesta a un periodista veracruzano es un acto político disfrazado de proceso penal. No es justicia, es escarmiento.
Es la manera moderna de castigar a quien se atreve a incomodar al poder: sin cámaras, sin sangre, sin mártires, pero con la misma eficacia que las balas.
Porque el castigo ya no necesita violencia abierta. Basta una carpeta de investigación inflada, un delito ambiguo, una narrativa oficial cuidadosamente construida para convertir al reportero en sospechoso, al incómodo en delincuente, al crítico en problema de “seguridad”.
Veracruz tiene una historia dolorosa con el periodismo. No hace falta recordarla: está escrita con nombres, tumbas y silencios forzados. Pero hoy el mecanismo es más fino. Ya no se les calla matándolos, ahora se les calla procesándolos. Se les aísla, se les exhibe, se les convierte en ejemplo.
Y el mensaje corre rápido entre redacciones: eso te pasa si te metes con los temas que no se tocan.
Mientras tanto, en ese mismo territorio operan redes de huachicol, trata, secuestro, extorsión y estructuras criminales que mueven millones de pesos.
A ellos no se les impone prisión domiciliaria. A ellos no se les exhibe en comunicados oficiales. A ellos no se les procesa con la urgencia con la que se procesa a un periodista.
La paradoja es obscena: en Veracruz es más peligroso investigar al poder que pertenecer al crimen organizado.
La detención domiciliaria no es una medida cautelar, es una advertencia. No está pensada para proteger a la sociedad, sino para disciplinar a la prensa. Para recordarle a cada reportero que la línea entre ejercer su derecho a informar y perder su libertad es cada vez más delgada.
En la llamada Cuarta Transformación, la justicia no persigue al narco con la misma saña con la que persigue al periodista.
Y eso, más que una crisis judicial, es una señal de régimen.
A usted que me escucha y me lee dejeme comentarle el caso de Tabasco.
Es el punto de origen del obradorismo, la tierra donde se incubó el discurso moral que prometía desterrar los abusos del pasado. Por eso lo que ocurre ahí no sólo es grave: es simbólico.
En Tabasco, un periodista fue reprimido por hacer su trabajo. No por cometer un delito, no por incitar a la violencia, sino por ejercer el derecho elemental a preguntar y a exhibir lo que el poder preferiría mantener en la sombra. El mensaje fue claro: aquí no se persigue el crimen, se persigue la crítica.
La paradoja es brutal. En el mismo estado donde informes filtrados han documentado la operación de grupos criminales, redes de protección institucional y pactos de silencio, el aparato del Estado se activa no contra los operadores del narco, sino contra quien osa señalar sus vínculos con el poder.
Tabasco es hoy el espejo incómodo de la 4T. Porque ahí se prueba que la transformación no alcanzó para desmontar las viejas prácticas; sólo las maquilló. Antes se reprimía desde el autoritarismo descarado. Hoy se reprime desde la legalidad selectiva.
No es casual que sea en la cuna política del movimiento donde la prensa empieza a ser tratada como adversaria. La lógica es simple: cuando el proyecto se siente amenazado, no debate, castiga.
Y así, la tierra que alguna vez prometió ser el corazón moral de un nuevo régimen se ha convertido en un laboratorio de censura: uno donde los criminales caminan libres y los periodistas aprenden, a golpes institucionales, que en la 4T preguntar puede costarte la libertad.
Javier May Rodríguez, un político clave de Morena y es quien en la narrativa oficial contrasta con la represión disfrazada de legalidad frente a la prensa crítica.
En los últimos meses, el periodista Jacinto López ha denunciado amenazas después de dar una entrevista sobre su opinión política, lo que encendió alertas entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión sobre el clima de intimidación en el estado.
Y en Campeche paso algo similar bajo el gobierno de Layda Sansores, no es un episodio menor ni un pleito personal: es la confirmación de que la persecución a periodistas críticos se ha normalizado dentro de la llamada Cuarta Transformación.
Ahí, el periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna y con más de cinco décadas de trayectoria, fue vinculado a proceso por el delito de “incitación al odio y a la violencia” tras publicar críticas contra la gobernadora.
Como medidas cautelares, un juzgado no sólo le prohibió ejercer el periodismo, sino que ordenó el cierre del portal digital de su medio y le impuso restricciones que en la práctica equivalen a una inhabilitación profesional.
No estamos hablando de un delincuente ni de un agitador violento, sino de un periodista castigado por opinar.
El mensaje es brutal: en Campeche no basta con callar a la persona, hay que cerrar el medio, borrar la voz, anular la posibilidad de seguir informando. No es justicia, es silenciamiento institucional.
Y así, mientras Layda Sansores presume un gobierno distinto, lo que deja como herencia es un precedente peligrosísimo: que un gobernador pueda usar al Poder Judicial para decidir quién puede ejercer el periodismo y quién no.
Este no es un caso aislado: es una pieza más del rompecabezas autoritario que hoy se extiende desde Veracruz hasta Tabasco, pasando por Puebla y ahora Campeche.
Cuando la 4T se siente cuestionada, no responde con argumentos: responde con procesos penales.
Puebla completa el círculo bajo el gobierno de Alejandro Armenta Mier.
Aquí ya no hace falta cárcel ni represión abierta: basta con una vinculación a proceso para destruir a un periodista.
Una audiencia, un juez complaciente, una carpeta armada con prisas y el daño queda hecho. La persona queda atrapada en un limbo legal donde la presunción de inocencia se vuelve una ficción y la libertad de expresión una concesión frágil.
En Puebla, el periodista vinculado a proceso es Rodolfo Ruiz, director del portal digital e-Consulta.
Fue vinculado a proceso penal en el estado de Puebla por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un caso que organizaciones defensoras de la libertad de expresión han señalado como acoso judicial y criminalización del periodismo crítico, no fue tratado como comunicador ni como ciudadano con derechos, sino como un enemigo político. Se le castigó no por mentir, no por dañar, sino por incomodar.
Y eso es lo más peligroso: que el derecho penal ya no se use para sancionar conductas verdaderamente lesivas, sino para administrar el miedo.
Veracruz con prisión domiciliaria.
Tabasco con represión.
Campeche con prohibiciones profesionales.
Puebla con vinculación a proceso.
Cuatro estados, un mismo libreto: la justicia como arma política.
Mientras tanto, los narcos siguen intactos, los operadores financieros siguen moviendo millones y los políticos señalados en filtraciones, auditorías e investigaciones periodísticas siguen protegidos por el manto de la impunidad.
Al final, la 4T no erradicó la censura: la volvió más elegante, más jurídica y más peligrosa.
Porque cuando un régimen persigue periodistas y protege criminales, ya no gobierna con leyes…gobierna con miedo.
En la 4T informar se castiga y delinquir se negocia.
¿Para cuándo veremos en el banquillo a los gobernadores, exgobernadores, senadores y diputados ligados al huachicol y al crimen organizado?
Mi completa solidaridad para Rodolfo Ruiz y su equipo.
