Por Karina Fernández
La diputada local del PRI, Delfina Pozos opinó que la sanción administrativa y económica contra Teresa Castro, ex secretaria de Finanzas, por la inversión fallida en Banco Accendo no resuelve el mal uso que se dio al dinero público y que no ha sido recuperado.
La tricolor solicitó que el gobierno en turno informe cuál es el avance en las gestiones para recuperar los 600 millones de pesos invertidos en dicha institución a más de dos años de que se dio a conocer este movimiento y tres de haberse llevado a cabo la inversión.
“Y con la sanción, el tema es que se recupere ese dinero. Ese dinero que le hace falta a mucha gente que no tienen medicamentos o no son atendidos en hospitales. Yo creo que no se borra nada más con la sanción, no se borra con una multa, hay que ver que nos transparente qué pasó con ese dinero, dónde está”, dijo.
Pozos Vergara observó omisiones por parte de la pasada administración y del gobierno en turno para informar sobre los avances para recuperar el recurso; confió que no pretendan encubrir los malos manejos originados en el barbosismo.
Adelantó que los reclamos que desde la oposición surjan en la materia serán catalogados como “raja política” por parte del oficialismo; sin embargo, dijo que es su obligación señalar lo que se está haciendo mal y exigir cuentas de quienes manejan recursos públicos.
“Siempre que les señalamos algo que están haciendo mal o alguna omisión, eso no es sacar raja política, es pedir cuentas. Estamos hablando por mucha gente que vive condiciones precarias en muchos aspectos, tenemos que alzar la voz por quienes piden cuentas del dinero”, defendió.
Cabe recordar que la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas dictó las sanciones contra Teresa Castro tras ser encontrada culpable por desvío de recursos y abuso de autoridad en el caso de Banco Accendo.
La ex secretaria de Finanzas fue sentenciada a 20 años de inhabilitación y una multa por 362.9 millones de pesos por la comisión de faltas graves como servidora pública en el gobierno de Miguel Barbosa.
