Por Yasmín Flores Hernández
Dicen que cuando llueve en México no sólo cae agua, cae la podredumbre del poder, los secretos del dinero y la sombra del crimen.
Cada temporal deja al descubierto la tierra, pero también las heridas.
Y cuando el cielo se rompe sobre nosotros, no solo se inundan las calles, se desbordan las verdades.
Del 6 al 12 de octubre de 2025, las tormentas remanentes de Jerry, Priscilla y Raymond, junto a un frente frío adelantado azotaron casi todo el país.
Inundaron ciudades, quebraron montañas y exhibieron, otra vez, la negligencia institucional, la corrupción estructural y las redes criminales que lucran con el desastre.
Porque en México, cada lluvia se convierte en espejo: refleja un Estado que promete mucho y cumple poco.
Las cifras oficiales intentaron maquillar la tragedia: 65 muertos; más de 6,000 viviendas inundadas, 312 colapsadas, y 27,000 personas evacuadas.
El reporte conjunto de la SSPC y la CNPC habla de “acción inmediata”, pero la realidad en el terreno contó otra historia.
Las lluvias fueron históricas: 540 mm en Veracruz y 487 mm en Puebla.
Eso no es “un pequeño desbordamiento”, es más de medio metro de agua sobre cada metro cuadrado.
Carreteras partidas, pueblos aislados, ríos que arrastraron casas, cosechas y vidas.
La CNPC reconoció afectaciones en 117 municipios de cinco estados.
El despliegue oficial incluyó 5,400 elementos de la Sedena, 3,300 de la Semar con 18 lanchas y 6 helicópteros y el reparto de 4,000 despensas.
Pero el auxilio no llegó parejo.
Las comunidades indígenas, las sierras y los pueblos más pobres esperaron días sin luz, sin agua potable, sin medicinas.
En Veracruz y Puebla, los caminos se volvieron ríos y las plazas se transformaron en lagunas.
El lodo cubrió techos y calles enteras, los animales muertos flotaban entre los muebles de lo que antes eran hogares.
Las imágenes recorrieron redes sociales, pero la empatía oficial llegó tarde.
Porque cuando el sistema sonríe en campaña, suele esconderse cuando el agua sube.
Pero detrás de esas siglas y de esos reportes fríos está una verdad que no se mide en milímetros ni en tablas de Excel.
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es el organismo responsable de coordinar las acciones de prevención y atención ante desastres naturales.
En el papel, su función es anticipar, proteger y reconstruir; en la práctica, se ahoga en su propia burocracia.
Desde la desaparición del FONDEN, la Coordinación Nacional de Protección Civil opera con presupuestos fragmentados, decisiones centralizadas y protocolos que dependen más del discurso político que de la urgencia humanitaria.
Y mientras los informes federales presumen “acción inmediata”, en los pueblos lo único inmediato fue el miedo, el hambre y la pérdida.
Porque en México, cuando el agua sube, el Estado se hunde.
Es un aparato debilitado por la austeridad y la improvisación, donde cada tormenta se enfrenta con el mismo libreto: negación, control de daños mediático y una ayuda que llega cuando ya no hay nada que salvar.
Y si alguien duda de ello, basta mirar hacia Veracruz, donde el agua no solo se llevó casas y caminos, sino también el último rastro de confianza en el gobierno.
Allí comenzó el grito, la rabia y la escena que marcó al país entero.
El estallido en Veracruz es la realidad que se vive; la presidenta grita, pero el pueblo grita más.
El 12 de octubre, el río Cazones alcanzó tres metros en Poza Rica.
Cinco mil viviendas resultaron afectadas, 38 municipios en emergencia, 2,000 personas rescatadas por la Semar.
La presidenta Claudia Sheinbaum llegó a “evaluar daños”, rodeada de cámaras y funcionarios.
Pero la escena se le salió de control: 200 damnificados la enfrentaron al grito de ¡Fuera!
¡Tres días sin apoyo!
¿Dónde están los desaparecidos?
Los videos circularon en X: medio millón de vistas en horas.
Madres llorando entre el lodo, hombres pidiendo lanchas, no discursos.
Sheinbaum, visiblemente tensa, tomó el micrófono:
¡No los dejaremos solos!
Pero la frase rebotó entre el lodo y la rabia: nadie la creyó.
Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, declaró ante medios:
“Es un desbordamiento ligero”
Y una madre en Tihuatlán, con la ropa manchada de barro, le respondió:
¿Ligero?, a mi hijo se lo llevó la corriente del rio”
Sheinbaum la miró fija y cortante:
Rocío, no minimices, esto es sangre.
El hashtag #VeracruzAbandonado se volvió tendencia con más de 50,000 menciones.
Latinus destapó la raíz del desastre: desvíos en los fondos de Protección Civil, donde se reportaron bombas y diques fantasmas desde 2024.
La falta de prevención no fue un error, fue una omisión planeada.
El alcalde de Álamo Temapache, Sergio Guzmán, se atrevió a confrontar públicamente:
Señora presidenta, prometió diques en 2024.
Nunca llegaron.
Hoy 38 municipios se ahogan.
¿Dónde está el fondo?
Sheinbaum respondió:
Eso lo aclaramos después.
Guzmán remató:
Después no hay pueblo.
El audio se volvió viral, sin filtros y sin cortes.
Un país entero escuchó la verdad: el agua no fue la única que rompió los diques.
La gira presidencial comenzó temprano en Puebla.
Entre fotografías, abrazos forzados y discursos de “coordinación interinstitucional”, la presidenta buscó proyectar control.
Habló de prevención, de solidaridad, de que “todo estaba bajo control”.
A su lado, Alejandro Armenta sonreía mientras las cámaras registraban una imagen de calma que sólo existía en el templete.
A fuera, las lluvias ya habían comenzado a mostrar lo contrario.
Horas después, la caravana cruzó hacia Veracruz.
Y la realidad, sin protocolo ni filtros, se impuso.
Lo que en Puebla fue puesta en escena, en Veracruz fue grito y confrontación.
Ahí, la presidenta ya no encontró aplausos, sino reclamos; no encontró control, sino caos.
El agua desbordó ríos y también discursos: donde el poder intentó imponer orden, la corriente arrasó con la narrativa oficial.
Porque en este país, las tormentas no solo se miden en milímetros: también en verdades.
Y lo que Veracruz gritó ese día, Puebla lo había callado por miedo, por disciplina o por costumbre.
En Puebla, el agua también se llevó vidas, cosechas y mentiras.
13 muertos, cuatro desaparecidos, treinta y ocho municipios afectados sesenta y seis comunidades indígenas.
La Sierra Norte, la Sierra Negra y la Nororiental quedaron devastadas: 134 kilómetros de caminos destruidos, 560 familias evacuadas, derrumbes, deslaves y bardas caídas.
En Xiutetelco, una barda del panteón colapsó sobre dos personas; en Teziutlán y Huauchinango los pueblos quedaron aislados por días.
La Expo Hortícola de la BUAP perdió cultivos valuados en 50 millones de pesos, pero nadie lo mencionó en la conferencia matutina.
En redes, las imágenes tuvieron menos de 300 vistas.
Silencio absoluto.
En Puebla, la tormenta no sólo trajo agua: trajo dudas, silencios y contradicciones.
Mientras tanto, el discurso oficial hablaba de “control y coordinación”.
El gobernador Alejandro Armenta aseguró ante medios que la situación estaba “bajo control” y que el gobierno estatal mantenía comunicación permanente con la Federación.
Sin embargo, la respuesta federal evidenció distancia.
Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum reconoció que Puebla era uno de los estados más afectados y subrayó la necesidad de reforzar la prevención, los censos y la reconstrucción, marcando un tono distinto al discurso triunfalista del gobernador.
No lo mencionó por nombre, pero su mensaje fue claro: la emergencia no estaba superada.
Las críticas hacia el gobernador Alejandro Armenta comenzaron antes de la visita presidencial.
El 9 de octubre, el medio Latinus reveló que Armenta viajó a Nueva Jersey en un jet privado, matrícula XA-IBC, propiedad de la empresa Aero JL.
De acuerdo con los registros de vuelo consultados por el mismo medio, la aeronave partió del aeropuerto de Puebla hacia Nueva Jersey y regresó días después.
El costo estimado del servicio fue de 3,700 dólares por hora de vuelo.
El trayecto Teterboro (Nueva Jersey) → Puebla se estimó en ~5 horas; con esa duración, el costo total estimado es USD 18,500.
Al tipo de cambio usado por esos reportes, equivale a ~MXN 347,615. No hay un monto oficial publicado por el gobierno; es un cálculo con tarifa por horas.
Otros trabajos periodísticos señalan que hubo viaje redondo/traslados adicionales, lo que elevaría el total “sólo en horas de vuelo” cerca de MXN 700,000. (Estimación periodística, no cifra oficial).
Aunque días antes, el secretario de Gobernación estatal Samuel Aguilar Pala, declaró que Armenta estaba en Phoenix, Arizona, que se encontraba en una gira de trabajo y que “seguro regresaría con buenas noticias para los poblanos”.
Así la comunicación dentro del gabinete: un gobernador volando, un secretario improvisando y un estado inundado esperando explicaciones.
El gobierno de Puebla confirmó el viaje, pero aseguró que se trató de un traslado por motivos personales y que no se utilizaron recursos públicos.
¿Y entonces las declaraciones de Aguilar Pala?
Ya no entendí…
La aclaración fue respaldada por un comunicado oficial y por entrevistas a medios locales, donde se insistió en que el viaje no estuvo vinculado con sus funciones de gobernador.
La polémica creció.
Las fotografías del avión en el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, circularon en redes y provocaron críticas por la falta de sensibilidad ante la emergencia que vivía el estado.
Armenta no desmintió las imágenes, pero tampoco ofreció explicaciones adicionales.
Hasta ahora, no hay indicios de que se haya abierto alguna investigación administrativa o fiscal sobre el caso.
En medio del desastre, la narrativa de austeridad se resquebrajó.
No porque haya pruebas de desvío, sino porque en política como en las lluvias las apariencias también pesan.
Y en Puebla, la tormenta no terminó con el agua: siguió en la percepción.
Claudia Sheinbaum se ha desmarcado de polémicas sobre vuelos privados de miembros de Morena, diciendo que no va a entrar en debates personales y que “a cada quien debe ser evalúado por la gente”.
Además, la dirigente de Morena, Luisa Alcalde, pidió públicamente que Armenta y Noroña aclaren estos vuelos privados, argumentando que quienes están en cargos públicos deben actuar con el ejemplo.
Un lujo difícil de justificar en medio de una crisis que ahoga a miles de familias.
Mientras el gobernador justificaba su vuelo privado y su gabinete se enredaba en versiones, otra tormenta más oscura, más profunda se gestaba lejos de los reflectores.
Porque el poder en México no solo se mide en cargos o en vuelos privados: también se compra en efectivo, se lava en oficinas elegantes y se presume en relojes de lujo.
Y mientras unos se defendían con comunicados, otros operaban con total impunidad.
Déjeme por favor comentarle lo siguiente:
Hace un par de colaboraciones hablábamos de la trata de personas, esa forma de esclavitud moderna que en México opera con total impunidad bajo el disfraz de negocios respetables y empresarios intocables. Hoy, el tema vuelve a la superficie con la detención y posterior liberación de un empresario poblano, acusado por la Fiscalía de encabezar una red de trata, lavado de dinero y reclutamiento de menores.
El caso estalló con fuerza: la Fiscalía General del Estado anunció su captura, presumió pruebas, cateos y vínculos con bares y gimnasios de lujo; sin embargo, en cuestión de horas, un juez determinó ilegal la detención y ordenó su inmediata liberación.
Esa resolución no significa que el empresario sea inocente; significa que la Fiscalía volvió a fallar. Porque cuando una autoridad no sabe fundamentar, motivar ni acreditar con solidez jurídica un señalamiento tan grave, lo que destruye no es solo un caso, sino la confianza en el sistema entero.
¿Cómo es posible que un delito de tal magnitud, con víctimas identificadas y estructuras visibles, se desmorone por errores procesales?
¿Qué ocurre dentro de una Fiscalía que no logra sostener sus propias acusaciones?
La respuesta, tristemente, no sorprende: falta de técnica, exceso de protagonismo y ausencia de justicia real.
Mientras se filtran videos, se fabrican carpetas o se arman conferencias mediáticas, los verdaderos responsables —los que compran, venden o explotan vidas humanas— siguen operando con total normalidad.
Es un reflejo de lo que ya hemos señalado: en Puebla y en todo el país, la trata de personas no se combate, se administra. Se usa como moneda política, como distractor o como escudo para aparentar acción.
Y así, lo que pudo ser un golpe a una red criminal termina siendo un nuevo ejemplo de incompetencia institucional, donde la Fiscalía fracasa no solo en castigar, sino incluso en sostener sus propios argumentos.
Porque cuando la justicia se redacta con descuido, la impunidad se firma con sello oficial y si no me cree, preguntele al Juez David Rodríguez González que determino su liberación por inconsistencias en el proceso.
Y si usted cree que esto es todo, se equivoca.
Porque lo que acabamos de ver no es más que la superficie del pantano.
Detrás de cada detención fallida, de cada liberación inexplicable, hay una estructura mucho más profunda: esa donde el poder protege, el dinero calla y la impunidad florece.
Y es justo ahí donde comienza la otra tormenta.
El crimen organizado, la otra lluvia…
Mientras los ríos se desbordaban, el crimen organizado también lo hacía.
Según la CNPC, los homicidios dolosos bajaron 32%, pero las extorsiones aumentaron 37%.
El Tren de Aragua, red transnacional de trata y usura, mantiene presencia activa en México. El 4 de octubre fue detenido en la CDMX su líder, Nelson Arturo Echezuría, pero las células en Puebla, Veracruz y el Estado de México siguen operando.
Sus negocios van desde los préstamos “gota a gota” hasta el tráfico de personas y la distribución de fentanilo.
¿Y migración?
Bien gracias…
En Puebla, coexisten al menos siete grupos delictivos: entre ellos estan CJNG, La Familia Michoacana y Aragua, entre otros.
Las autoridades presumen haber evitado extorsiones por 12 millones de pesos, pero en las calles la realidad se mide en miedo, no en cifras.
En el mercado 28 de Octubre aparecieron narcomantas, asaltos en Plaza Cristal por 250 mil pesos y casos documentados de menores reclutados en Tepeaca.
En Huauchinango, los delincuentes cobraban 500 pesos por permitir el paso de las lanchas con víveres.
“Si no pagas, no pasa la ayuda”, decía uno de los mensajes interceptados.
Proceso documentó cómo esas mismas redes del crimen cobraban después por la reconstrucción en zonas devastadas.
En México, la delincuencia ya no solo trafica con droga, trafica con la desesperación.
Y en medio del agua, el país se sigue hundiendo.
La historia del crimen organizado no termina en las calles inundadas, ni en los puertos; también se esconde en los contratos, en los laboratorios y en los templos.
Lo que se lava con sangre, en México también se lava con fe y con facturas.
Una investigación reveló que 59 empresas vetadas por corrupción han recibido 12,900 millones de pesos en contratos federales.
Entre los beneficiarios aparece el morenista Carlos Lomelí, dueño de Laboratorios Solfran y Abastecedora de Insumos para la Salud, quien obtuvo 420 millones de pesos entre mayo y junio de 2025 por convenios con el IMSS y la Semar.
Lomelí fue investigado por la DEA en 2010 por presuntos vínculos con el narcotráfico a través de precursores químicos, y hoy preside la Comisión de Marina en el Congreso.
Así, el círculo se cierra, el hombre señalado por vínculos con el narco, ahora supervisa a las fuerzas encargadas de combatirlo.
Que ironia…
Mientras tanto, las clínicas rurales en zonas inundadas quedaron sin vacunas y sin antibióticos.
El crimen organizado falsifica medicinas, controlando ya el 11% del mercado más de 32,000 millones de pesos.
Y la red de impunidad crece desde el poder legislativo: la mitad de los diputados de Morena (126 de 253) cobran 74 mil pesos mensuales por “atención ciudadana” sin oficinas, sin personal y sin supervisión.
Son 100 millones de pesos en nómina fantasma, mientras los damnificados de Veracruz y Puebla esperan una pastilla o una despensa.
Pero la sombra no se detiene ahí.
La iglesia La Luz del Mundo, una organización acusada de explotación sexual, abuso y lavado de dinero.
La influencia de La Luz del Mundo no se limita al ámbito legislativo.
Investigaciones recientes sugieren que esa iglesia religiosa ejerce presencia activa también en el Senado, en el Poder Judicial e incluso en la estructura política formal.
Senadores y agrupaciones políticas
Se le atribuye a Emmanuel Reyes Carmona, senador por la vía plurinominal, una cercanía con la cúpula de La Luz del Mundo. Su esposa fue señalada como presidenta municipal por Morena, y ambos han sido vinculados al brazo político Humanismo Mexicano, que opera con respaldo partidista.
La iglesia consiguió el registro de Humanismo Mexicano como agrupación política nacional, lo cual legitima su incursión formal dentro del mapa político electoral.
Candidatos y jueces con vínculos documentados.
Durante la elección judicial federal del 1 de junio de 2025, al menos cuatro candidatos con vínculos con La Luz del Mundo fueron promovidos para ocupar plazas como jueces:
- Job Daniel Wong: ex ministro religioso, ligado públicamente a la iglesia.
- Madián Sinaí Menchaca: hija de un obispo de la iglesia, con antecedentes señalados en medios locales.
- Cinthia Teniente Mendoza: esposa de un senador cercano al grupo, postulada como juez.
- Betzabeth Almazán Morales: criminóloga que ha defendido públicamente a Joaquín y aspiraba a plaza judicial.
A pesar de las impugnaciones presentadas por víctimas y organizaciones como Defensorxs ante el INE, esas candidaturas siguieron vigentes.
Además, en recientes elecciones judiciales se documentaron casos de juezas electas con perfiles polémicos:
- Carmen Alejandra Lozano Maya: ganó una plaza con más de 44,300 votos pese a denuncias por tortura y extorsión.
- Hernán Vega Burgos: promovido como magistrado en Yucatán, fue señalado por vínculos con redes de explotación sexual.
- Tania Contreras: próxima presidenta del Tribunal Supremo de Tamaulipas; aparece en medios como ligada a redes de corrupción.
Este patrón sugiere que la iglesia no solo apuesta por colocar fieles en cargos legislativos, sino incluso en las salas donde se imparte justicia. Un juez con simpatías o conexiones religiosas puede obstruir investigaciones, desequilibrar procesos y proteger estructuras que se beneficiaron del silencio.
¿Qué implica esta red extendida?
- Que la separación entre lo espiritual y lo político se diluye cuando una institución religiosa actúa como partido o red de poder.
- Que decisiones judiciales, nombramientos y procesos legales pueden quedar a merced de su influencia.
- Que la impunidad no es solo pasiva, es estructural: mientras unos apuntan con las manos, otros marcan las reglas del juez.
La iglesia La Luz del Mundo, una organización acusada de explotación sexual, abuso y lavado de dinero. Una investigación de Aristegui Noticias documenta su influencia en campañas, nombramientos y decisiones legislativas.
La frontera entre la fe y el poder se volvió invisible.
Y en ese espacio difuso, los intereses se bendicen, los votos se compran y las conciencias se negocian.
Porque mientras el país se ahoga, ellos rezan desde el poder.
Y cuando el agua arrasa, la impunidad flota.
De los templos al Congreso, de los laboratorios a los sótanos del crimen, todo se conecta.
Nada ocurre por separado.
El hilo que une a Armenta en su vuelo privado, a Milian en su red de trata, a Lomelí en sus contratos y a La Luz del Mundo en su influencia política, es el mismo: la impunidad como sistema operativo del poder.
Nada es aislado.
La negligencia cava el cauce, el crimen cobra por el rescate, la corrupción compra silencio.
Y los poderosos sobreviven secos, aunque el país se inunde.
Armenta viaja en jets privados mientras predica austeridad.
Noroña se indigna en redes pero calla frente al abuso.
La Luz del Mundo infiltra el Congreso bajo el disfraz de fe.
Lomelí factura millones con medicinas que no curan.
Y los gritos de Guzmán, las madres veracruzanas y los damnificados de Puebla son el eco de un país que ya no cree.
Cuando el agua cae, lo que se derrumba no son sólo las casas, sino las mentiras del Estado.
Rocío Nahle dice:
“Fue ligero.”
Pero el lodo no se seca, ni se olvida.
El alcalde Guzmán advierte:
“Después no hay pueblo.”
Y no es una metáfora: es un epitafio.
Porque después del agua viene el silencio, y en ese silencio se hunden los nombres, las promesas y las culpas.
México no solo llora a los que el río se llevó, sino también a los que la corrupción dejó sin aire, sin techo y sin voz.
Los muertos del diluvio no son sólo cifras: son el reflejo de un país que se ahoga todos los días bajo la corriente de la impunidad.
Y aun así entre el lodo, el miedo y las amenazas, la palabra sigue respirando.
Porque mientras haya alguien que la diga, la verdad nunca se hunde.
