Por Yasmín Flores Hernández
Antes de comenzar, quiero mencionar que en nuestra colaboración anterior abordamos el tema de los bares y antros clandestinos ubicados cerca de las universidades poblanas.
Hoy me complace informar a quienes me escuchan y me leen que, después del llamado de atención que hicimos a las autoridades competentes, 17 establecimientos han sido clausurados.
Agradezco a la autoridad municipal la atención prestada a este asunto, que sin duda representa un paso importante en la protección de nuestros jóvenes y en la recuperación del orden en la zona universitarias.
Ahora si comenzamos…
Desde las calles empedradas de Puebla donde el huachicol no sólo roba combustible, sino vidas enteras les traigo la verdad que arde como gasolina encendida.
Agárrense: hoy destapamos la cloaca más profunda del poder y el crimen.
Una red que trepa desde los palacios presidenciales hasta los ayuntamientos poblanos, donde amparos, gasolineras fachada y contratos fantasmas se entrelazan con cacicazgos municipales.
Empecemos con el huachicol fiscal; el arma silenciosa.
El hurto de gasolina como se veía en los años pasados ya es sólo la punta del iceberg.
El verdadero saqueo ocurre en las oficinas y en las aduanas: gasolineras que importan “insumos”, facturas que nunca concilian, empresas fachada que lavan hidrocarburos.
Un juez federal que emitió un famoso amparo en Veracruz fue arrestado por sus lazos con la red de contrabando encabezada por el vicealmirante Farías Laguna.
La pregunta retumba:
¿Cómo opera esta red?
En ciertos casos, combustible robado sale del país, es procesado en EE. UU. por compañías cómplices y reingresa disfrazado como “insumo legal”.
Puebla, Veracruz y Tamaulipas, son el epicentro real.
En Puebla se han clausurado gasolineras implicadas en el tráfico fiscal.
Líderes comunitarios apuntan a que grupos sociales con presencia política local tienen conexiones con gasolineras o permisos cuestionables para operar.
El corredor Puebla–Veracruz–Tamaulipas funciona como arteria de ese combustible disfrazado, que circula con impunidad por municipios débiles o corruptos.
El hurto tradicional de combustible perforación de ductos, ordeña, traslado clandestino sigue activo, pero hoy el mayor desfalco ocurre por la vía del huachicol fiscal: factura falsa, simulación de importaciones, complicidades aduaneras y uso de empresas fachada para evadir impuestos.
La Procuradora Fiscal de la Federación reportó que los daños al fisco por estas maniobras podrían alcanzar 600 mil millones de pesos, de los cuales 16 mil millones ya están formalizados en denuncias.
En prácticamente cada estado con puertos y fronteras, se han detectado gasolineras clausuradas por su participación en redes de huachicol fiscal, incluso en Puebla.
Las cadenas criminales no sólo compran combustible robado, sino que operan redes de reciclaje: compran hidrocarburos legalizados en EE. UU. por empresas cómplices, los ingresan de vuelta al país disfrazados, y cobran impuestos al menudeo.
En contraste, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha reportado incautaciones por más de 39 millones de litros de combustibles en sus primeros 8 meses de gestión.
El caso es tan grave que la Marina (Secretaría de Marina) admitió públicamente que mandos navales estarían implicados en redes de contrabando, y el titular declaró que “hubiera sido imperdonable callar”.
Un juez federal destituido en Veracruz —conocido por el “caso Los Porkys”— fue detenido recientemente por estar vinculado con la red de huachicol liderada por el vicealmirante Farías Laguna.
Importante recordar un punto que refuerza la gravedad del fenómeno: las redes de huachicol y su infiltración en gobiernos locales y municipales son terreno fértil para asesinatos políticos.
Un estudio académico muestra que los municipios cercanos a ductos o con presencia de robo de combustible tienen mayor riesgo de violencia política.
Puebla y el Triángulo peligroso: la anatomía de una red local
En Puebla, ya hay operativos contra gasolineras que se detectaron usando documentación falsa para comercializar combustibles robados o contrabandearlos bajo insumos fiscales.
Las autoridades federales descubrieron que los tentáculos del huachicol fiscal, detectado inicialmente en Tamaulipas, también alcanzaron al estado de Puebla, donde operaba una red de distribución de gasolina ilegal encabezada por políticos locales y sus hijos.
Estos grupos aprovecharon empresas fantasma, pipas y bodegas para movilizar el combustible ilícito, el cual ingresaba por los puertos tamaulipecos con la complicidad de mandos de la Marina.
Las indagatorias que comenzaron en el norte del país y derivaron en decomisos en Hidalgo revelaron la existencia en Puebla de dos centros de almacenamiento clandestinos donde se resguardaba el combustible irregular antes de su distribución en distintas gasolineras poblanas.
El trasiego iniciaba en los puertos de Tamaulipas, bajo la protección de la llamada “mafia de los marinos”, presuntamente encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Fraga y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, quienes habrían permitido el ingreso de gasolina importada de forma irregular.
Como resultado de estas investigaciones, el 10 de septiembre se llevó a cabo un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dirigida por Omar García Harfuch, la Marina, la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia y la Gerencia de Inteligencia Logística de Pemex, que culminó con el aseguramiento de dos almacenes y cuatro gasolineras utilizadas para vender el combustible ilegal.
Las investigaciones federales siguieron el rastro de los distribuidores de huachicol fiscal hasta Puebla, donde se descubrió una red abastecedora con conexiones políticas que surtía de gasolina ilegal a diversas estaciones locales.
¿Qué politicos poblanos tienen gasolineras?
¿Cuántos de ellos estan involucrados en esta red criminal?
Dos centros de almacenamiento fueron identificados: uno en San Francisco Ocotlán y otro en Chipilo.
En estos puntos se concentraban los cargamentos provenientes de Tamaulipas para luego redistribuirse a distintos municipios, donde las gasolineras adquirían el combustible a menor precio, ignorando su procedencia ilícita.
Uno de los principales implicados es Jorge Wenceslao Santiago Téllez, propietario de la empresa Transportes JWST, responsable de las pipas y tractocamiones asegurados.
Su padre, Wenceslao Santiago Castro, exalcalde de Tecolutla, Veracruz, ha sido vinculado por autoridades federales con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con la investigación, Jorge Wenceslao proporcionaba la flota y la logística necesaria para que el combustible circulara sin obstáculos por las carreteras federales.
Las fuentes explican que el delito no recaía únicamente en las gasolineras compradoras, sino en la estructura completa de traslado y almacenamiento: empresas pantalla, piperos contratados y bodegas que funcionaban como puntos de distribución.
En esa cadena también figuran políticos poblanos y sus familiares, quienes habrían puesto sus empresas al servicio del comercio del hidrocarburo introducido ilegalmente al país.
Durante el operativo en Puebla, las autoridades federales aseguraron cuatro gasolineras de las marcas Gemma y Oktan, además de oficinas corporativas ubicadas en Ciudad Judicial, San Andrés Cholula, propiedad de Jorge Wenceslao Santiago Téllez.
En el lugar se encontró documentación que acredita vínculos directos con la red de distribución.
El golpe dejó 12 detenidos, además del decomiso de tractocamiones, pipas, bombas de trasvase y más de 80 mil litros de gasolina.
El gobierno federal confirmó así que Puebla se convirtió en un nodo estratégico dentro de la red nacional de huachicol fiscal, operada mediante alianzas entre empresarios locales, políticos y la mafia de los Marinos en Tamaulipas.
La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que la estructura estaba encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, quienes mediante intermediarios pagaban sobornos a sus subordinados para permitir la descarga ilegal de combustible en los puertos.
Uno de los principales beneficiarios fue Alejandro Torres Joaquín, ahora testigo protegido, quien entre abril de 2024 y enero de 2025 autorizó el desembarco de 14 buques con gasolina ilegal, obteniendo cerca de 24.5 millones de pesos en sobornos.
Torres confesó que, de cada operación, distribuía solo 330 mil pesos entre seis subordinados, quedándose con más de 1.4 millones de pesos por entrega, es decir, casi 20 millones en total.
Entre los funcionarios implicados figuran el capitán Carlos Estudillo Villalobos, el capitán Sergio Varela y Endira Xóchitl Palomo Chávez, todos ya detenidos.
Según Torres, el dinero era entregado a través del capitán de corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “NK” en la aplicación Threema, quien fungía como intermediario de los hermanos Farías. Actualmente, Solano se encuentra prófugo de la justicia.
Organizaciones regionales tambien denuncian que líderes sociales o grupos con presencia local como Antorcha Campesina han sido señalados en algunos municipios por presunto vínculo con huachicoleo o lavado de dinero mediante concesiones de gasolineras.
En Puebla, las denuncias locales coinciden: municipios pequeños donde la autoridad es débil suelen convertirse en “pasillos seguros” para transporte ilícito, incluso de hidrocarburos, drogas o insumos químicos.
Aquí es donde los nombres propios cobran cuerpo dentro de la estructura criminal.
Los alcaldes Uruviel, Giovanni y Ramiro González Vieyra, junto con Gerardo Cortés Caballero, no son simples coincidencias en un mapa de corrupción municipal: son eslabones clave de una cadena que garantiza impunidad, protección territorial y movilidad al combustible ilegal que atraviesa Puebla.
Los investigadores federales describen a estos funcionarios como operadores de bajo perfil político pero alta utilidad logística.
Su función consistía en mantener control municipal, manipular cuerpos policiacos locales y ofrecer cobertura administrativa a las rutas de transporte y distribución del huachicol fiscal.
En otras palabras: aseguraban que los camiones pasaran sin revisión, que las denuncias se archivaran y que los cómplices operaran con licencia política.
Los casos confirmados por la Fiscalía del Estado y medios nacionales no dejan lugar a dudas: Puebla se convirtió en una zona de enlace donde los alcaldes se comportaban más como jefes de plaza que como autoridades civiles.
El imperio criminal de Cuautempan.
El ejemplo más revelador es el de Gerardo Cortés Caballero, alcalde de Cuautempan.
En mayo de 2025, la Fiscalía estatal cateó cuatro propiedades suyas y halló armas largas, drogas, vehículos y documentos que apuntan a redes de corrupción y tráfico.
Los operativos respondieron a denuncias por cobro de piso, robo a transportistas y venta de estupefacientes, actividades que conectan directamente con la dinámica del huachicol fiscal: financiar la red con rentas ilícitas y comprar protección local.
Cortés Caballero, hoy prófugo, pidió licencia al cargo y promovió amparos para evitar su detención.
Las investigaciones señalan nepotismo dentro del ayuntamiento familiares en cargos públicos, contratos asignados a allegados y empresas fantasmas, además de una “Casa de Piedra” utilizada como centro operativo.
Según reportes de La Jornada de Oriente y Proceso, parte de su policía municipal fungía como brazo armado, utilizando patrullas clonadas para extorsionar comerciantes y custodiar traslados.
El patrón es claro: corrupción administrativa, violencia policial y protección institucional, todo al servicio de una red que garantizaba la libre circulación del combustible ilegal hacia las gasolineras de la región.
Los hermanos González Vieyra: el otro frente del Triángulo.
El otro extremo del circuito criminal se ubica en el Valle de Serdán.
Allí, los hermanos Uruviel, Giovanni y Ramiro González Vieyra replicaron el modelo con precisión.
Sus municipios Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires se convirtieron en pasillos estratégicos para el transporte de hidrocarburos y mercancía robada.
En marzo de 2025, la Fiscalía de Puebla, con apoyo de la Sedena y la Guardia Nacional, detuvo a Uruviel y Giovanni por delitos relacionados con huachicoleo, portación de armas de uso exclusivo, robo de transporte y delincuencia organizada.
Ramiro, protegido por 14 amparos, fue capturado semanas después al salir de una audiencia judicial.
Las investigaciones federales establecen que los González Vieyra facilitaban bodegas, terrenos y permisos municipales para resguardar el combustible proveniente de Tamaulipas y Veracruz.
A cambio, recibían sobornos de las bandas operativas que dominaban la región.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) ya revisa sus cuentas públicas por daño patrimonial y triangulación de recursos.
Aunque algunos delitos menores fueron absueltos, los hermanos permanecen bajo prisión preventiva por los cargos federales.
Puebla sin duda alguna es la bisagra del crimen institucional.
Los casos de Cuautempan, Ciudad Serdán y Tlachichuca no son historias aisladas: son piezas de un mismo engranaje estatal.
Cada municipio funcionaba como una célula local dentro de una red nacional de huachicol fiscal que unía puertos, carreteras y gasolineras a través de complicidades políticas.
En esa arquitectura delictiva, los alcaldes se transformaron en operadores territoriales, ofreciendo protección a los transportistas ilegales y a las empresas fachada que hoy investiga la FGR.
Las evidencias no solo muestran corrupción, sino un fenómeno de captura institucional: cuando el poder municipal deja de servir al ciudadano para servir al crimen.
No era corrupción aislada, era una nueva forma de gobernar, donde la impunidad se institucionalizó y la lealtad al crimen reemplazó al servicio público.
Pero el poder no sólo se pudre en los municipios: se recicla en los discursos.
Mientras los ductos siguen sangrando combustible y las arcas públicas se vacían, el gobierno federal se pinta de verde y habla de innovación.
Es el viejo truco del sistema: cubrir la corrupción con la pintura de la modernidad.
Así, mientras en Puebla se ordeñan ductos y se lavan fortunas, en los salones del poder se celebra la llegada de Olinia, la “gran promesa” de movilidad eléctrica nacional.
Un proyecto presentado como símbolo del progreso, pero que, bajo su carrocería ecológica, arrastra las mismas sombras del modelo que pretende superar.
Olinia: la gran promesa con varias advertencias
El 6 de enero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó Olinia como la primera armadora mexicana de mini vehículos eléctricos.
El plan contempla tres modalidades: movilidad personal, de barrio y reparto urbano, con precios entre 90 mil y 150 mil pesos.
Su atractivo radica en que podrán cargarse en un enchufe doméstico, sin infraestructura especial.
El proyecto está a cargo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, con apoyo del IPN, el TecNM y centros públicos de investigación.
La primera flotilla piloto está prevista para junio de 2026.
Pero detrás del entusiasmo oficial se acumulan las advertencias.
Esta red de corrupción se filtra hasta proyectos que suenan a futuro brillante, como Olinia, la supuesta armadora estatal de mini vehículos eléctricos que prometen ensamblar en Tlaxcala para “movilidad de barrio”.
Imaginen: el gobierno presume diseños nacionales, con chasis de plástico de Puebla y acero de Monterrey, pero:
¿dónde están las tripas?
Los microprocesadores, conectores y computadoras de a bordo el cerebro que controla frenos, baterías y GPS no se fabrican aquí.
TSMC, el gigante taiwanés de semiconductores, no tiene una sola fábrica en México; sus planes para 2025 se centran en Taiwán, Estados Unidos y Japón, con inversiones millonarias en chips sub-2nm, pero nada para nosotros.
Todo eso llega importado de Taiwán o China, vía puertos como Veracruz el mismo triángulo de peligro donde el huachicol lava dinero.
México no produce chips ni semiconductores de alta gama, por lo que Olinia depende completamente de importaciones de Asia, principalmente de Taiwán y China.
Un análisis de Rest of World advierte que el presupuesto es insuficiente y el calendario demasiado corto, lo que podría comprometer la calidad y viabilidad del proyecto.
Además, mientras el gobierno promete contenido “mayoritariamente mexicano”, los expertos estiman que menos del 40 % de las piezas podrían fabricarse localmente.
El resto deberá comprarse en el extranjero, encareciendo los costos y limitando la competitividad frente a gigantes como BYD o Tesla, que ya dominan el mercado con economías de escala.
Y aquí entra Foxconn, el ensamblador de iPhones, convertido ahora en la nueva promesa de la electromovilidad mexicana.
En la colaboración pasada ya habiamos toda el tema de esta empresa.
El gobierno presume reuniones, convenios y supuestas alianzas estratégicas, pero lo cierto es que no existe ningún contrato firme, ni inversión tangible, ni planta confirmada en Tlaxcala.
Sólo humo.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, se ha reunido con directivos de Foxconn en más de una ocasión, firmando acuerdos “de intención” en febrero y mayo de 2025 para “ciudades inteligentes” y posibles plantas en Sonora o Chihuahua, no en Tlaxcala.
Durazo, exsecretario de Seguridad de AMLO, usa sus viejos lazos políticos para vestir de innovación lo que en el fondo es simulación: un escaparate tecnológico montado para las cámaras.
Nos quieren ver la cara.
Nos venden como “nacional” un proyecto ensamblado con piezas extranjeras, sin transferencia tecnológica, sin empleo real y sin producción mexicana.
Olinia no es soberanía industrial: es el espejo de un país que sigue importando cerebros y exportando discursos.
Aún más revelador: se ha filtrado que el ensamblaje inicial podría realizarse en una zona industrial del corredor de San José Chiapa, en el mismo lugar donde se encuentra Audi.
Puebla el mismo lugar marcado por los escándalos del huachicol y los amparos de alcaldes corruptos, aunque aún no se confirma ni el terreno ni los inversionistas privados.
La paradoja es brutal.
Mientras el país presume soberanía tecnológica, los componentes llegan importados, los contratos se asignan sin licitación y los socios industriales permanecen en la sombra.
Y mientras las redes de huachicol fiscal drenaban millones del erario, hoy el gobierno abre la puerta a una nueva forma de simulación: la del progreso disfrazado de modernidad sustentable.
Olinia simboliza el espejo donde se miran los dos Méxicos: el que roba petróleo y el que promete energía limpia.
Ambos operan bajo la misma lógica: ocultar la corrupción detrás del discurso del desarrollo.
Porque en un país donde los alcaldes se venden al crimen y los contratos públicos se reparten entre fantasmas, hasta el futuro eléctrico termina conectado al mismo generador: la impunidad.
México se acostumbró a vivir entre las sombras del poder.
Mientras una mano perfora ductos y otra firma contratos, el país se sostiene sobre un pacto no escrito: la corrupción como forma de gobierno.
Lo mismo da si el negocio es el huachicol, la obra pública o el auto eléctrico; el combustible siempre es el mismo: la impunidad.
El crimen ya no necesita esconderse en la noche ni en los cerros: ahora usa traje, ocupa curules, preside ayuntamientos y dirige proyectos “sustentables”.
La frontera entre el delincuente y el servidor público se desdibujó hace tiempo, y hoy solo queda una élite que roba con discursos mientras el pueblo sobrevive con resignación.
El caso Olinia no es una historia de innovación; es una metáfora del país: se ensambla con piezas importadas, se pinta de verde, se exhibe ante las cámaras… y al final, funciona con la misma energía sucia de siempre.
Porque la modernidad mexicana no nace del talento, sino de la propaganda.
Y mientras tanto, allá afuera, los pueblos siguen secos, las carreteras custodiadas por el miedo y las gasolineras vendiendo combustible manchado de sangre.
Los hijos del poder se amparan; los alcaldes huyen; los verdaderos culpables duermen tranquilos.
Pero este fuego el de la verdad arde distinto.
No se apaga con discursos ni con autos eléctricos.
Porque por más que maquillen el país con proyectos futuristas, la gasolina de la corrupción sigue encendida bajo la alfombra verde del progreso.
Y tarde o temprano, todo lo que se intenta ocultar… termina ardiendo.
