Por Valentín Varillas
Ricardo Sheffield fue un personaje muy cercano al expresidente López Obrador.
Gracias a ello y sin ningún otro mérito que lo justifique, goza hoy de un escaño en el senado de la República.
Fue el pago por haber operado en el sexenio pasado, desde la Profeco, una red de protección a grupos delincuenciales dedicados al huachicol y al huachigas.
Y es que, aunque se mencione poco, esta instancia fue fundamental en el crecimiento exponencial de la venta de combustible irregular en todo el país.
En Puebla, por ejemplo.
Empresarios del ramo que se negaban a distribuir el combustible irregular, eran hostigados, amenazados y extorsionados por elementos de la Procuraduría.
Como auténticos criminales.
Estableció un sistema de pago de “cuotas”, en donde los inspectores tenían que reportar, por cada estado, una cantidad de dinero determinada por el número de estaciones que operan.
Los moches dependían del tamaño y la ubicación de los establecimientos, pero alcanzaban en promedio los cien mil pesos al mes.
Cuando la cuota se determinaba por sellos, inhabilitaban bombas de servicio hasta por 8 meses, lo que representaba una afectación importante para los empresarios extorsionados.
El trato era mucho más amable y terso para los establecimientos dispuestos a distribuir gasolina y diésel robados.
Este impresentable tiene denuncias presentadas ante le FGR, relacionadas con estos delitos.
También desde Profeco, en ese tiempo, se sentaron las bases del llamado huachigas.
Un delito en donde Puebla ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional.
Con toda impunidad vendieron millones de litros de Gas LP, a través de pipas clonadas y estaciones de carburación clandestinas que operaban a la vista de todos sin contar con un padrón de la Comisión Reguladora de Energía.
Y la Profeco, ni sus luces.
El daño a las finanzas de Pemex se calcula en cerca de 100 mil millones de pesos en el sexenio pasado.
Imagínese el nivel de negocio que hacían.
Similar tal vez al que operó Sheffield en plena pandemia.
El funcionario toleró el aumento injustificado de precios de productos de consumo básico de la población, sin ninguna justificación y en plena contingencia sanitaria.
Además, se hizo de la vista gorda en todo tipo de abusos con la venta y distribución de oxígeno, un producto que significaba la diferencia entre la vida y la muerte para los infectados.
En la propias narices de la autoridad, empresarios del ramo –chicos medianos y grandes- se llenaron los bolsillos con la retención intencional de tanques, para facilitar la acaparación y el consecuente aumento en los precios.
Tal vez por todo esto, Ricardo Sheffield hizo un monumental ridículo en su intento de convertirse en alcalde de León.
Como candidato de Morena y con todo el apoyo de Palacio Nacional, lo único que recibió por parte de los habitantes de ese municipio fue un rechazo absoluto, francamente penoso.
Tuvo que ser rescatado por el propio presidente en el proceso electoral del 2024.
Ahora que desde la presidencia se jura y perjura que por fin se llegará hasta las últimas consecuencias, se termine por fin la protección oficial a un personaje que, como otros ha hecho pedazos la promesa de honestidad en el ejercicio del servicio público y que, por si fuera poco, está acusado también de proteger a un violador.
