Por Alejandro Mondragón
En 2016, la entonces Procuraduría General de la República preparó un operativo en una zona residencial, donde se localizaba un sistema de espionaje en Puebla.
Todo estaba listo para el cateo de la vivienda, nada más que la noche anterior hubo un pitazo al morenovallismo salido, dicen unos, de la sede del PRI estatal, otros alegan que fue de la propia PGR.
La residencia fue desmantelada y jamás se volvió a saber del equipo de espionaje. El entonces gobernador Rafael Moreno Valle dio la instrucción de no dejar rastro del sistema.
Oficialmente jamás existió.
En el operativo ni polvo se halló.
El equipo de origen israelí se adquirió por 14.9 millones de pesos y disponía de funciones propias de un clonador, a través del programa Hunter.
La particularidad de este sistema no era sólo clonar el número telefónico con llamadas entrantes y salientes, sino de extraer la información tanto de la SIM como de la memoria interna del móvil (contactos, mensajes y archivos guardados).
El programa Hunter era utilizado legalmente en Puebla por la Procuraduría General de Justicia y la 25 zona militar para combatir a la delincuencia organizada.
Salvo que la compra del nuevo equipo de espionaje Hunter haya sido en efectivo y se operó desde la ilegalidad, jamás se justificó la adquisición desde el punto de vista presupuestal.
Se sabe que buena parte de los equipos se cubrieron con partidas que destinaba el gobierno federal, durante el sexenio morenovallista, para labores de seguridad y eran etiquetados para la operación del C5, pero nunca estuvieron ahí.
Ahora, que se tiene conocimiento que Puebla formó parte de los gobiernos que adquirieron los sistemas de espionaje israelí Pegasus, no estará de más revisar las cuentas para identificar montos y, sobre todo, conocer qué pasó con los equipos.
