Por Alejandro Mondragón
El periódico Reforma revivió ayer en su portada un escándalo registrado en Puebla por las ligas de políticos y magistrados con presuntos huachicoleros.
“Va de candidata a jueza sobrina de “huachicolero”, tituló el medio nacional.
Y recuerda: “Carlos Loranca Muñoz, magistrado poblano señalado de tener lazos con el crimen organizado, impulsa a su sobrina Ana Rosa Jiménez Loranca como jueza federal en Puebla.
“La organización Defensorxs califica de alto riesgo dicha candidatura, pues advierte, forma parte de una red de familiares que han tejido el magistrado del Poder Judicial, y podría defender a delincuentes.
“En 2017, Loranca apareció con Othón Muñoz Bravo, alias “El Cachetes”, empresario gasolinero señalado de líder huachicolero. Este personaje fue liberado y defiende que no hay pruebas en su contra”.
Hasta aquí la cita que ocurre en el marco de la elección de jueces, magistrados y ministros.
¿Incurre Reforma en violencia política de género contra la candidata a juez, Ana Rosa Jiménez Loranca?
¿Ella es responsable de las imputaciones hechas contra su tío, el magistrado?
Lo cierto es que en esta elección judicial lo que está en juego es la buena fama, el decoro, no tener relaciones peligrosas. Claro, en las familiares qué se puede hacer, pues nadie las escoge.
Pasar por alto el tema sería ignorar que hay otros 28 casos de candidatos y candidatas que se les vincula de la misma y son exhibidos por la organización Defensorxs.
El Cachetes hoy está libre, y quién lo llamó huachicolero fue el propio gobierno, en su momento.
Al magistrado Carlos Loranca, lo inhabilitaron del Consejo de la Judicatura, pero cuatro años después la Suprema Corte lo restituyó del cargo con el pago de 15 millones de pesos de salarios caídos.
“Es preciso decir, la Corte NO se pronunció sobre la inocencia o culpabilidad del citado magistrado, sino únicamente sobre la constitucionalidad del procedimiento llevado a cabo en su contra”, aclaró la propia SCJN.
El pasado alcanza a todos, finalmente.
