Por Valentín Varillas
Mucho se ha dicho y escrito sobre el crecimiento exponencial de las tomas clandestinas mediante las cuales se roba el combustible de Pemex en Puebla.
Tan sólo en los gobiernos emanados del PAN, se calculaba en cerca del 3 mil por ciento.
Un delito que no se inhibió jamás, a pesar de lo que manejaron en el discurso quienes después llegaron al poder.
Muy poco se habla, sin embargo, de la realidad que vive el estado en términos de lo que ya se conoce como “huachicol fiscal”.
Combustible –sobre todo diésel- que entra al país de contrabando.
Los operativos realizados por el gobierno federal a finales de marzo, pusieron el tema como parte importante del debate nacional.
Más de 18 millones de litros de hidrocarburos irregulares que ya tenían clientes en el mercado nacional.
Imagínese las pérdidas para la paraestatal.
La delincuencia organizada controla el multimillonario negocio.
El Cártel Jalisco Nueva Generación, sobre todo.
De acuerdo con las investigaciones realizadas hasta el momento, sus tentáculos llegan a Veracruz, Jalisco y por supuesto Puebla.
Faltaba más.
Se trata de los tres mercados más grandes de toda la República.
La red de complicidades es enorme.
Por lo mismo, se necesita de una sofisticación logística y financiera de altísimo nivel para intentar no dejar rastro.
De entrada, la utilización de todo tipo de empresas fantasma y la burda complicidad de autoridades aduanales.
Pero además, para “lavar” las ganancias ilícitas, se requiere de un ejército de notarios, contadores, abogados y demás, que ingresen estos recursos al sistema financiero nacional.
¿Cuántos ilustres factureros poblanos no estarán involucrados?
Los mismos que, de la nada, han hecho fortunas instantáneas al amparo de éste y otros delitos.
Los que a cambio de gozar de los privilegios que esto supone, le han vendido su alma a las organizaciones delictivas.
La madeja es gruesa y está enredada, pero ya existen los primeros cabos sueltos de dónde agarrarse para desvelar el misterio.
Algo similar sucederá con los dueños de grandes empresas, de importantes corporativos gasolineros y de otras que les venden combustible y que fungen como intermediarios.
Ellos son los que, a través de la altísima demanda y con el interés de bajar sus costos y acrecentar sus ganancias, le dan forma al delito.
Materia prima hay de sobra para llegar hasta las últimas consecuencias y combatir esta práctica de raíz.
No basta únicamente con anunciar operativos espectaculares y decomisos históricos.
Es urgente cerrar la pinza y transitar de lo mediático a lo jurídico, caiga quien caiga.
Ahí va a estar e verdadero reto.
Ojalá le entren con todo y hasta donde tope.
