Karina Fernández |
Menores que se ausentan por voluntad propia deberían pagar con trabajo comunitario el gasto de recursos por la movilización de la Fiscalía General del Estado (FGE) y las pérdidas económicas que provocan sus familiares por los cierres viales.
Así lo consideró la diputada local de Morena, Gabriela Chumacero quien también se pronunció porque, tanto menores como sus familias, reciban apoyo psicológico.
En cambio, la coordinadora de la fracción en el Congreso local, Laura Artemisa García se pronunció en contra de criminalizar a quienes, por diferentes motivos, se ausentan de manera voluntaria y en favor de resaltar la acción inmediata de las instituciones que participan en su localización.
Ausencias restan credibilidad a desapariciones reales
Gaby Chumacero dijo que este tipo de eventos afectan la credibilidad de casos que sí están relacionados con un delito; como el de Génesis en Cuautlancingo, o de Yunuen Yareni en Huauchinango que son ejemplo de feminicidio o crímenes de odio pero que no se investigan como tal.
“Va afectar bastante porque si estamos hablando de una niña de 13 años; la fiscalía ahorita la movemos, pero del cierre de Atlixco hubo pérdidas y luego que nos salgan con esa ‘graciosada’ de que me fui con el novio, como lo que dijo el difunto Barbosa, le damos la razón cuando lo criticamos”, dijo.
Resultados de FGE reducirán protestas
Por separado, la coordinadora de Morena en el Congreso, Laura Artemisa García señaló que la fiscalía ha actuado con rapidez frente a hechos recientes, y observó que su eficiencia y eficacia permitirá recuperar la confianza de los ciudadanos y a su vez, reducir las protestas para exigir resultados.
En este sentido, se pronunció por no criminalizar a quienes se ausentan voluntariamente pues las autoridades estas obligadas a atender cualquier caso.
“Creo que no podríamos criminalizar o decir que si las hubiéramos encontrado en situaciones complejas entonces sí hubiera valido la pena. La procuraduría y atención inmediata es necesaria”.
Dijo que no es momento de hablar de sanciones, tampoco ante las formas de manifestación de preocupación de la ciudadanía sino de buscar la manera en que estos casos no se repitan.
