Por Valentín Varillas
Para los eternos críticos, se trata de un artero atentado que pretende quitarle autonomía a un poder que tiene en su misma razón de ser la obligación de fungir como contrapeso del ejecutivo.
Rendirlo, someterlo, hacer pedazos su independencia para tener así un sistema de impartición de justicia a modo.
Los fanáticos matraqueros, los que le aplauden todo al oficialismo, estarán convencidos y repetirán como mantra tibetano aquello de que el “pueblo manda”; que “pone y quita” y que lo hace de forma de infalible porque además de bueno, es sabio.
Que el actual poder judicial está podrido, corrompido por una pandilla de corruptos que operan como incondicionales de aquella mafia en el poder que tanto daño le hizo al país.
Y que por lo mismo, hay que purgarlo como sea.
Sin embargo, habrá otros más, los estrategas, quienes están convencidos de que en el desarrollo de la elección de jueces, ministros y magistrados, habrá información valiosa.
Y no necesariamente en lo que al tema judicial se refiere.
Encontrarán datos duros que les permitirán analizar cómo se encuentra el voto duro de Morena y sus aliados electorales a un año de haber obtenido 36 millones de sufragios en las urnas.
Y es que, con poco presupuesto, con un mucho menor número de casillas a instalar y con lo complicada que resulta para el ciudadano común y corriente la logística con la que se va a llevar a cabo el proceso, los niveles de participación serán absolutamente marginales.
Pero además, es casi seguro que la mayoría de quienes acudan a las urnas en junio próximo, serán parte de la intensa movilización de aquellas instancias que integran la enorme estructura oficial, en todos sus niveles.
Los que se mueven bajo la lógica de quienes tienen un interés específico en intervenir directamente en el resultado.
Todo parece indicar que casi no habrá voto orgánico.
Es decir, el de aquellos ciudadanos que de manera espontánea se organicen y salgan a las casillas porque estén realmente convencidos de que este es el camino para tener un mejor sistema de justicia en el país.
Ya hemos tenido ejemplos muy claros de lo anterior, en las famosas y casi siempre inútiles consultas populares llevadas a cabo en el sexenio de López Obrador.
Todas: la del nuevo aeropuerto, el Tren Maya, el juicio político a expresidentes o la de revocación de mandato, tuvieron una participación de entre el 8 y el 18% del total de mexicanos inscritos en el padrón electoral.
Bajísima.
Sin embargo, a través de estos ejercicios hubo materia prima de sobra para su uso político, lo que le permitió al oficialismo contar con elementos para llevar a cabo campañas permanentes de promoción.
También, para hacerse de una radiografía muy amplia, completísima detallada por zona geográfica, de fortalezas y debilidades en términos de voto potencial para futuras coyunturas electorales.
Una base de datos muy valiosa para el diseño de estrategias de campaña efectivas.
Y lo mejor para ellos: sin gastar un solo peso.
Todo será, como en otras ocasiones, con cargo al erario.
Este año, el INE invita.
