Por Valentín Varillas
Era la madrugada del 8 de febrero de 2015.
A un domicilio de la comunidad de San Buenaventura Nealtican llegó a bordo de un vehículo oficial un grupo de seis policías federales.
Ahí dormía tranquilamente una familia.
Irrumpieron a la casa con lujo de violencia.
La puerta principal fue abierta con un golpe de “ariete”.
Los elementos entraron al grito de: “policía federal”.
Inmediatamente subieron a la planta alta.
Ahí procedieron a cortar a línea telefónica.
La puerta que da acceso a la estancia del segundo piso, también fue abierta con el mismo procedimiento.
Una vez ahí, sometieron a uno de los hijos del matrimonio y le ordenaron a la esposa de éste que permaneciera en la habitación y que no hiciera nada.
Al hombre lo pusieron boca bajo y le gritaban que les diera: “…el dinero y las armas…” a lo que el respondía que “… buscaran, porque no iban a encontrar nada”.
Después de someter al muchacho, se introdujeron a la habitación de los padres del joven.
A la madre la sacaron a golpes y con palabras soeces le ordenaron que se metiera a la recámara que ocupaba su hijo, permaneciera con su nuera y que no se atreviera siquiera a moverse.
Los policías le ordenaron ahora al mayor de la familia que –otra vez- les entregara, el dinero y las armas.
La respuesta fue la misma que la de su hijo: “No hay dinero, mucho menos armas…”
Fue entonces cuando los mal llamados guardianes del orden procedieron con las consabidas amenazas.
La más grave: la de acribillar ahí mismo a la familia entera, de no proceder de manera inmediata con la entrega de lo solicitado.
Procedieron entonces al registro del inmueble.
Buscaron hasta en el último rincón, destrozándolo todo.
Llegaron a la habitación de las nietas del dueño de la casa, quienes estaban ya escondidas y aterrorizadas.
Sin respetar su edad y género, las sacaron a golpes.
A la mayor la bajaron al patio de la casa en donde sus padres y abuelos soportaban estoicos una auténtica tormenta de insultos y amenazas.
La niña cuando vio a su papá, corrió hacia él y lo abrazó.
Uno de los policías la golpeó y arrastró hacia la calle.
Afortunadamente no pudieron sustraer a la menor porque en ese momento ya había vecinos que observaban lo que ocurría.
Al muchacho se lo llevaron a un local comercial que esta familia rentaba.
Había ahí una refaccionaria.
Al ser cuestionado sobre la operación del negocio, el hombre les explicó que no era de su propiedad.
Los agentes se percataron de la existencia de una cámara de seguridad en el local y procedieron a llevarse el monitor que registraba las imágenes y el CPU que grababa lo que sucede.
Se fueron sin encontrar las famosas armas y el dinero.
La policía de Nealtican tardó más de 45 minutos en llegar.
Cuando se enteraron de los abusos cometidos, se limitaron a decir que no podían intervenir por tratarse de policías federales
Existía una cámara de video en un domicilio cercano al lugar que captó buena parte de lo sucedido ese día.
En corto y “off the record”, el entonces presidente municipal de Nealtican descargó las imágenes y confirmó que no fue una patrulla de federales la involucrada en los hechos, sino dos.
Después de presentar las denuncias, los afectados buscaron el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Adolfo Flores Badillo, por órdenes de Moreno Valle, de plano ni los peló.
Recibieron el apoyo del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga, quien solicitó su acción inmediata para acercarse a las autoridades estatales.
La negativa llegó vía oficio firmado por José Víctor Vázquez Juárez, Secretario Técnico Ejecutivo de la Comisión, quien aludió a problemas de agenda para poder mediar en el conflicto.
Así sus prioridades.
Así los antecedentes de quien, con todo el descaro del mundo, pretende encabezar la defensa de los derechos humanos en el país.
De locos.
