Por Valentín Varillas
Jurídicamente, ambos casos siguieron una lógica similar.
Las conclusiones, sin embargo, fueron diametralmente distintas.
Aunque el fondo sea el mismo: la capacidad corruptora de los grupos criminales en las instancias civiles y militares del país.
Las autoridades norteamericanas decidieron, con elementos idénticos a los García Luna, no ejercer acción penal en contra del general Cienfuegos.
Generosamente lo devolvieron al país y dejaron su destino en manos de la Fiscalía General de la República.
Juran los enterados que, más allá de la ley, hubo mucho de política real en la decisión.
Que al entonces presidente Trump le convenía que le debieran el favor de no desestabilizar a las fuerzas armadas nacionales, una institución fundamental en el esquema de gobierno de López Obrador.
Haberlo procesado hubiera resultado demoledor para los intereses de la 4T.
A la élite castrense nacional no le hubiera gustado que uno de sus principales cuadros, un miembro del centro neurálgico de la toma de decisiones al interio, hubiera sido condenado, sentenciado y exhibido en el vecino país.
Al no haberse ejercido la acción penal, se blindó de paso a una serie de cuadros que por muchos años han sido protagonistas de la vida militar mexicana, que se hicieron y crecieron de la mano del general Cienfuegos.
Ese mundo se mueve con reglas muy distintas a las de la vida civil.
Ahí, se sigue una meritocracia interna muy bien definida y quien la cumpla, tiene derecho a aspirar a los cargos más importantes en el organigrama militar, convirtiéndose sexenio tras sexenio en candidatos a llegar a encabezar la Secretaría de la Defensa Nacional.
Más allá de ideologías, signos, colores o partidos.
Fue el regalo de Trump a López Obrador, a cambio de una incondicionalidad absoluta.
Inclusive, el único viaje que hizo el presidente mexicano a los Estados Unidos fue en plena coyuntura electoral y se entendió como un espaldarazo a las aspiraciones reeleccionistas del republicano.
Ya rescatado Ciuenfuegos, AMLO arremetió con todo en contra de las autoridades norteamericanas.
Acusó directamente a la DEA de haberle “fabricado delitos”.
Pero fueron los mismos que llevaron a cabo las investigaciones y el juicio en contra de García Luna.
Utilizando la siempre convenenciera lógica lopezobradorista: si la DEA fabrica delitos en contra de servidores públicos mexicanos, García Luna pudo haber sido también una víctima de exactamente lo mismo.
¿O no?
Dos perspectivas diametralmente opuestas, para analizar el caso de dos delincuentes muy similares.
