Karina Fernández |
Al igual que a nivel nacional, el PRD poblano se disolverá tras no haber alcanzado el tres por ciento de la votación valida efectiva de las elecciones del pasado 2 de junio, siendo el único partido en el estado que no salvará su permanencia.
Al término de los cómputos supletorios, el PRD reunió 62 mil 233 votos, apenas el 2.1 por ciento de la votación efectiva, por lo que perderá su registro y derechos debido a que no cumplió con el tres por ciento en la pasada elección.
Contrario a Fuerza por México, Nueva Alianza y Pacto Social de Integración que seguirán vigentes porque rebasaron el porcentaje mínimo requerido para mantener su registro como partido político local.
Esto, en relación a la votación válida efectivamente de dos millones 909 mil 225 sufragios registrados en la pasada jornada electoral, que no considera votos nulos ni candidaturas no registradas.
Morena se quedó con el 33.68 por ciento de las votaciones, Acción Nacional con el 19.34 por ciento, y Verde Ecologista confirmó su lugar como la tercera fuerza política en el estado con el 10.81 por ciento de las votaciones.
Movimiento Ciudadano quedó en cuarto sitio con el 9.79 por ciento de los votos depositados en las urnas, y PRI en el quinto al haber representado el 9.68 por ciento de sufragios. PT quedó en el sexto lugar con el 7.07 por ciento.
De acuerdo con el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, el Consejo General del IEE tendrá que resolver la disolución del Sol Azteca en los dos meses siguientes a la conclusión del proceso electoral, y hacerlo público en el Periódico Oficial del Estado.
A partir de ese momento, el PRD tendrá 10 días hábiles para presentar el inventario final de sus bienes, muebles e inmuebles, adquiridos con financiamiento público, que pasarán a ser parte del patrimonio del Estado de Puebla.
Dentro de los 30 días naturales siguientes, a partir de la presentación del inventario final, entregará al Consejo General los bienes, sin que ello los exima como sujetos de fiscalización de los recursos públicos utilizados en el último proceso electoral.
