Por Alejandro Mondragón
Ahora que se avecina el debate del próximo 12 de mayo, entre los candidatos a la gubernatura, bien vale documentar lo que es una elección de Estado, el mismo día de la jornada cívica en Puebla.
Ese será uno de los temas de la oposición para denunciar inequidad en la contienda, y señalar con antelación un supuesto fraude electoral para anular los comicios en Puebla.
Peeeero si alguien sí es especialista de la mapachería, es el panista que estuvo en el poder, durante la era dorada del morenovallismo.
La elección del 1 de julio del 2018 inició en Puebla con violencia: muertos, robos de urnas y presencia de pandilleros, ante la ausencia de la fuerza pública, cuyos gobiernos estatal y municipal se negaron emplear.
Y acabó con la evidente ruptura de la cadena de custodia de los paquetes electorales, documentada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El árbitro, el Instituto Estatal Electoral, plegado a las órdenes del morenovallismo, lo que menos le importó fue la imparcialidad democrática.
El resultado fue el despojo del triunfo a Luis Miguel Barbosa, quien llevó su denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos magistrados antes de favorecer al morenovallismo, exhibieron las irregularidades en todo el proceso y la forma en la que el IEE descuidó la cadena de custodia de la paquetería de los votos.
Morena procedió a denunciar a los consejeros electorales por mapaches ante el Instituto Nacional Electoral y este organismo, tres años después (2021), exoneró a los funcionarios, con lo que dejó ese mal sabor a impunidad.
Protegió a los consejeros denunciados, algunos ya sin funciones, y emitió sanciones hacia funcionarios menores.
Hubo evidencias en video que al menos 19 funcionarios manosearon la paquetería electoral, sin que los consejeros hicieran algo al respecto.
El INE que basó la exoneración en el fallo del TEPJF, favorable al morenovallismo, estimó que tales violaciones a la cadena de custodia no alteraron el resultado electoral.
¿Y la violencia en las calles?
¿La tolerancia policíaca para que pandilleros robaran urnas, amedrentaran a ciudadanos y funcionarios de casilla?
¿Por qué se toleró la manipulación de la paquetería y que metieran mano a los sistemas de cómputo?
Los principales implicados acabaron en el entierro o encierro, los otros: en el exilio político.
Pero está clara la forma en la que desde el poder se cometen fechorías electorales con cargo al erario.
Al final, esa violencia en las calles y sometimiento del árbitro de la contienda fue una elección de Estado que hoy a los opositores se les olvida.
