Por Alejandro Mondragón
Una limpieza profunda requieren, sin duda, los Registros Públicos, particularmente los de Cholula.
Es la zona que concentra el desarrollo urbano más importante del Estado, pero de forma sorprendente tal oficina registral se encuentra a cargo de tres sujetos con un largo historial de malos manejos.
Francis Alexander Velázquez León, Cupertino Carvajal Santamaría y Neil Oviedo Palma.
Tales personajes cierran el círculo de la corrupción con la jueza cuarta federal, Blanca Alicia Lugo Pérez.
El Artículo 138 de la Ley del Registro Público, es claro en ordenar que cuando se presenta un Recurso Registral, el folio que corresponde al predio se suspende:
Artículo 138 de la Ley del Registro Público indica que la interposición del Recurso suspende hasta su resolución, la
ejecución del acto recurrido.
Los efectos de la suspensión impiden la inscripción de los títulos presentados o que se presenten en relación con el mismo folio…
Hay que señalar el viacrusis legal que enfrenta el empresario Héctor Montiel, quien por proteger su patrimonio ha caído en las redes de la mafía inmobiliaria en la que figuran jueces y desarrolladores residenciales, así como registradores públicos.
Lo tomo como referencia porque en su caso existen al menos 5 Recursos Registrales pendientes de resolver, eso implica que no se puede hacer ninguna inscripción o anotación en el folio del predio.
El afectado ha señalado que están impedidos legalmente para llevar a cabo tal calificación y posterior inscripción de los Avisos, o sea que el expediente del terreno está bloqueado hasta que se resuelvan en definitiva los recursos registrales que existen en el expediente del predio.
Ilegalmente, los registradores contestan a la orden de la jueza cuarta Federal Lugo Pérez que no hay impedimento legal para llevar a cabo la calificación.
Acostumbrados a actuar ilegalmente sin consecuencias Neil, Cupertino y Francis, no se han puesto a reflexionar que, al firmar ese oficio, ya cometieron actos criminales tipificados por el Código Penal Federal, sancionados con cárcel y los casos quedan fuera del ámbito estatal.
El grave problema es que su acción afecta directamente a 300 familias, las cuales pueden perder su patrimonio.
Los funcionarios ni imaginan tampoco que están involucrando al Instituto Registral del Estado, en una responsabilidad de decenas de millones de pesos.
Esta vez no será como siempre, que ante las ilegalidades que acostumbran, no pasa nada.
Ha sido indudable que el gobernador Sergio Salomón ha puesto especial atención en limpiar la corrupción imperante en las Notarías Públicas del Estado.
Se sigue con la venta de lotes fraudulentos en el llamado Parque Ámsterdan, en donde los predios tienen diversos juicios de propiedad.
Sin seguridad jurídica, cualquiera puede ser el siguiente defraudado.
