Karina Fernández |
La Secretaría de la Función Pública emprenderá acciones legales contra los autores de la inversión fallida por 600 millones de pesos en Banco Accendo, adelantó el gobernador Sergio Céspedes Peregrina tras sentenciar que su administración no se quedará callada frente a estos y otros hallazgos.
Tal es el caso de los 19 millones de pesos que se adeudan a la Conade y que -reveló- tuvieron su origen en el marinismo; situación que ha impedido que el estado sea sede de eventos deportivos de talla internacional.
“Hay cosas que no se han dado a conocer como la federación, que comentó que hay una deuda de 2010 por 19 millones de pesos que no se pagaron a la Conade y por eso no se asigna ningún evento de talla internacional a Puebla y son de las cosas que no podemos quedarnos calladas”.
Dijo que su gobierno pagará estas y demás omisiones que resulten de pasados ejercicios para que los intereses no incrementen las cifras, los hará públicos y actuará contra quienes no tuvieron un buen manejo de los recursos o incurrieron en conductas indebidas que deriven en procesos sancionatorios.
“No es una persecución contra alguien ni algo especifico sino lo que nos obliga la ley. Lo que hace cualquier gente en un procedo de entrega- recepción (…) la omisión también es un delito y nosotros tenemos que dar cuenta clara de qué es lo que encontramos en la Hacienda Pública del año que sea”, garantizó.
Céspedes Peregrina enfatizó que su gobierno no señala a nadie ni anticipa juicios a revisiones que son competencia de instancias federales y locales dedicadas al control y fiscalización de los recursos públicos, y que, con la cercanía del proceso electoral, serán temas de discusión por actores y partidos políticos.
“Les pido a todos que haya prudencia, cabeza fría y se generen condiciones necesarias, en la medida que avancen períodos de acciones políticas partidistas van a seguir saliendo cosas en las que la única fuente formal será la que demos nosotros”, agregó.
No obstante, reconoció que aunque la información estará sujeta a distintas interpretaciones, la única fuente oficial o formal de las acciones legales y hallazgos que se detecten en la hacienda pública será el gobierno, desestimando datos o cifras que surjan por parte de otros personajes.
