Por Valentín Varillas
Entre enero y mayo del 2021, la Secretaría de Educación Pública poblana reintegró a la Federación cerca de 160 millones de pesos.
Esto, de acuerdo con documentos de la Secretaría de Hacienda en donde vienen detallados los comprobantes de cada una de las operaciones bancarias que se llevaron a cabo para la devolución de los recursos.
Lo anterior, se desprende de los subejercicios que tuvo la dependencia en el ejercicio de presupuesto de egresos correspondiente al año fiscal 2020.
Si bien el total no ejercido en su presupuesto fue de más de 297 millones de pesos, con base al Artículo 51 del Reglamento Interno de la dependencia, al no poder o no saber cómo ejercer estos recursos, tuvieron que ser enterados al gobierno de la República.
Los depósitos se hicieron de la siguiente manera:
Enero 2021: $42,690,645.58
Febrero 2021: $39,481,687.40
Marzo 2021: $28,490693.89
Marzo 2021: $47,783.65
Abril 2021: $24,452,507.87
Mayo 2021: $24,048,900.64
Este dinero, legalmente presupuestado de acuerdo a la aprobación en el congreso local de la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del gobierno de Puebla, jamás fue invertido en el proyecto educativo estatal, tal y como era la obligación de las instancias pertinentes del ejecutivo hacerlo.
En teoría, la educación era una de las más importantes prioridades en el ejercicio de gobierno.
Por lo menos de acuerdo a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo.
Siempre se argumenta que las metas en materia educativa en la entidad no se logran plenamente porque “no hay dinero que alcance”.
En Puebla, en el 2020 por lo menos, quienes se encargaban de la SEP y del manejo de las finanzas públicas estatales, se dieron el lujo de no invertir y además de devolver, 160 millones de pesos que hubieran servido mucho para llevar servicios educativos de calidad a varias zonas marginadas en el interior del estado.
Más recursos que eran obligación de quienes estaban al frente de estas instancias públicas gastarlo y que por desconocimiento o ineptitud no lo hicieron.
Se trata de un crimen financiero, que al tener relación directa con la formación de las próximas generaciones de poblanos se convierte además en un artero crimen social.
Y sigue la mata dando.
