Por Alejandro Mondragón
El principal candado que colocó ya el Instituto Nacional Electoral, a toooooodos los aspirantes al 2024, es en los espectaculares.
Las zonas urbanas del país se encuentran tapizadas de las corcholatas morenistas: Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.
En Puebla, además de los suspirantes que buscan la Presidencia, están los espectaculares con su imagen de los locales: Julio Huerta, Ignacio Mier y Alejandro Armenta, en ese orden.
Ya el INE resolvió fiscalizar y sancionar el uso de tales espacios para garantizar la equidad, rumbo al 2024, en la elección del coordinador/a de la 4T y para Frente Amplio por México en el país, así como en los estados donde se renovarán gubernaturas.
Los espectaculares representan, en Puebla, un negociazo anual de 500 millones de pesos, pero en épocas electorales se duplica hasta alcanzar los mil millones de pesos.
El Congreso del Estado había echado abajo este modelo de negocio electoral con la prohibición de usar espectaculares, revistas, libros, transporte y mobiliario público con fines electorales.
Se modificaron leyes ambientales, de uso de suelo, incluso se despojó a ayuntamientos de facultades de control y hasta se prohibió que empresas de comunicación sirvieran de prestanombres de empresarios y políticos que manejaban los espacios.
El problema es que a todos los beneficiarios les valió madre, pues el negocio de los espectaculares les ha brindado dos cosas: dinero y poder.
Recursos para la imagen política y controlar la publicidad exclusivamente para quienes garanticen el tráfico de influencias.
El punto es: ante la violación de las leyes locales, ahora el INE se mete de lleno en fiscalizar su uso, pero además sancionar a quienes cedan, presten, vendan y enajenen los espectaculares.
Es una patada donde más duele: el bolsillo.
Y los aspirantes a tocar puertas, porque la fiesta se les terminó.
Todo se contabilizará.
