Karina Fernández |
Con 38 intentos de linchamiento en Puebla documentados por la organización Causa en Común, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), Felipe Cerezo Vélez se pronunció porque la Secretaría de Seguridad Pública integre un grupo especializado de reacción frente a estos eventos.
Explicó que de la mano de la diputada Xel Ariadna Hernández, se trabaja en un Protocolo de Atención a casos de Linchamiento, pues se ha identificado omisión por parte de policías estatales o municipales para intervenir y evitar la 1 de estos actos.
“Trabajamos protocolos de reacción porque hay protocolo de acción que es diálogo, hablar con las personas, tratar de rescatarlo pacíficamente y llevarlo a un lugar seguro pero no llegan. Hay omisión, están y no interviene que hace que maten a la persona. Las secretarías tienen que garantizar seguridad, utilizar gas lacrimógeno, humo, hacer formación romana, llegar, rescatar llevárselo a un lugar seguro”.
Recordó que tras la derogación de la ley bala, no hay un manual del uso de la fuerza en Puebla por lo que se trabaja en una nueva ley que contenga un capítulo que dé atribuciones del uso de la fuerza a policías, y confió que quede listo antes de que concluya esta legislatura.
Suben quejas por violaciones a derechos humanos
Las quejas que la Comisión de Derechos Humanos recibió por presuntas violaciones a derechos humanos durante el primer semestre del año, incrementaron un 49% respecto a los mismos períodos de los últimos cinco años.
Así lo dio a conocer el ombudsman durante el informe que rindió ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.
En su presentación, detalló que de enero a junio se recibieron cuatro mil 552 quejas, 49% en relación a pasados ejercicios, siendo los derechos humanos vulnerados más recurrentes la seguridad jurídica con el 67%, trato digno 3%, igualdad 2.67%, petición 2.65%, protección a la salud 1.94% y otros 22.5%.
Señaló que a pesar de que la Comisión cuenta con uno de los 12 presupuestos más bajos respecto al resto de entidades, por 50 millones 859 mil pesos, y un personal integrado por 72 trabajadores, el promedio de atención es de 52 días desde que se recibe una queja hasta la determinación con restitución de derechos humanos.
En la primera mitad del año, de las cuatro mil 552 quejas recibidas, cuatro mil 391 se resolvieron, y de estas, dos mil 481 fueron concluidas por restitución que representan más de la mitad de los oficios resueltos por el organismo.
