Por Valentín Varillas
No sólo fue el asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo a manos de policías estatales.
Ni la consecuente manipulación de los sistemas de procuración y administración de justicia para encubrir a los responsables.
Tampoco la utilización del aparato propagandístico, público y privado para tergiversar la verdad y criminalizar a las víctimas.
La evidente sociedad con las bandas dedicadas al robo de combustible de Pemex, a través de a ordeña de ductos, quienes disfrutaron de la protección y la complicidad de los altos mandos que llevaban las riendas de la seguridad pública en el estado.
El aberrante sobrecosto que reflejan los programas prioritarios de obra pública que se realizaron en aquel sexenio.
Obras de relumbrón que poco después de su inauguración, se caían en pedazos.
Todas, con sus respectivo cobro de millonarios moches para amarrar los contratos.
La misma lógica imperaba para quien pretendiera vender cualquier producto o servicio al gobierno estatal.
La enorme deuda heredada a través de los esquemas de financiamiento que se ensayaron para llevar a cabo los proyectos de generación de infraestructura a través de los tristemente célebres Programas de Participación Social.
Faltaba la cereza del pastel.
En el morenovallismo, se tuvo el descaro de proceder a la contratación de una empresa privada para evadir las responsabilidades fiscales del gobierno estatal con el gobierno federal.
Increíble.
Una empresa que, además, cobró por sus servicio y ni siquiera cumplió con los resultados prometidos.
Esa es la génesis perversa de una estrategia que hoy le cuesta al erario poblano casi 2 mil 700 millones de pesos.
Moreno Valle y sus secuaces aplicando esquemas para no pagar impuestos, cuando en teoría, autoridades y servidores públicos tendrían que ser un ejemplo en el tema del cumplimiento.
Sobretodo porque, una de las tareas principales del ejecutivo, es el motivar a los ciudadanos a cumplir con el pago de sus respectivas obligaciones.
De no hacerlo, están contempladas en la ley las consecuencias que puede enfrentar el infractor.
Desde las que corresponden al ámbito administrativo, hasta las que conllevan un proceso del orden penal.
Por si fuera poco, el gobierno de Moreno Valle se caracterizó por el uso faccioso de las instituciones públicas para ajustar cuentas con sus enemigos, a través de procesos de auditorías dirigidas.
Estas tenían como consigna encontrar cualquier error u omisión para iniciar procesos legales en su contra.
Un gobierno evasor que perseguía la evasión y lo peor: que la utilizaba como garrote para golpear con todo, a quienes eran un obstáculo –real o imaginario- en la consecución de sus objetivos.
Un gobierno, simple y sencillamente criminal; en el sentido más amplio y más completo del término.
