Por Alejandro Mondragón
Un quebranto a las arcas estatales generó la Secretaría de Planeación y Finanzas, a cargo de María Teresa Castro Corro, por cerca de 600 millones de pesos.
¿Qué pasó?
A nombre del gobierno de Puebla, la funcionaria invirtió dinero del erario en Banco Accendo, institución crediticia que quebró en 2021, sin devolver un centavo a Puebla.
Al banco se le revocó en septiembre del 2021 la autorización para operar y el expresidente y exdirector de Accendo, Francisco Javier Reyes de la Campa fue detenido.
Enfrenta acusaciones por realizar operaciones con empresas “factureras” en detrimento del patrimonio del banco por poco más de 70 millones de pesos.
Banco Accendo fue una de las instituciones bancarias que promovió en diversos estados, el exsecretario de Hacienda y exsenador Ernesto Cordero, quien operaba como asesor de gobiernos panistas y morenistas.
Ante la quiebra del Banco Accendo, el gobierno de Puebla aparece como acreedor. Figura en el lugar seis de nueve categorías para recibir algo con la liquidación de la entidad financiera.
La historia de Accendo comenzó en 2016, cuando el principal socio del entonces banco Inverlat, Carlos Djemal, fue detenido en Estados Unidos por presunto lavado de dinero.
La institución ya enfrentaba acusaciones por malos manejos financieros que hacían inviable su operación.
Fue entonces que apareció Javier Reyes, un ejecutivo con estudios de Economía y Administración en el ITAM, junto con sus hermanos Óscar y Luis Reyes de la Campa.
Justo en ese tiempo los asesores externos de los Reyes de la Campa recomendaron cambiar el nombre de Inverlat por el de Accendo, con el objetivo de limpiar la imagen reputacional del banco.
El entonces director, Gustavo Vergara, se encargó de impulsar la creación de la nueva fachada de esta institución ante la CNBV, donde también anunció la inyección de capital fresco.
De acuerdo con Javier Reyes de la Campa, todo lo había logrado gracias a las gestiones de sus amigos panistas, a quienes incluso mencionaba como parte de sus asesores externos, dentro de gobiernos de Morena.
El grave problema radica en que las finanzas estatales arrastran ese hoyo financiero por 600 millones de pesos, los cuales se declaran técnicamente perdidos.
Esta situación implicaría un daño patrimonial a las finanzas estatales y el ejercicio de sanciones en contra de la titular María Teresa Castro Corro.
¿Qué procede, pues?
Ooootro hoyo financiero, simple.
