Karina Fernández |
La diputada del Partido del Trabajo, Nora Merino Escamilla reprobó que el senador Alejandro Armenta haya sumado a su estructura a Héctor Alonso Granados, de quien fue víctima de violencia política de género en la pasada legislatura.
Consideró que sin importar si se de trata de personajes de Morena, de los partidos aliados o diversos, ninguno debe incorporar a sus equipos a violentadores, ni mucho menos pensar en sumarlos a sus gobiernos y en consecuencia, a la vida pública en el estado.
“Repruebo totalmente que se sume a violentadores a los equipos políticos de cualquier actor no nada más con los de casa o nada más en Puebla o en la coalición sino en cualquier equipo político, creo que los violentadores no deben tener espacio para hacer vida pública y son esa clase de gente a la que debemos dejar en el pasado”.
Manifestó que no se puede permitir que ninguna persona que haya incurrido en el delito de violencia en contra de una mujer pueda aspirar a ser gobernador, alcalde, diputado, magistrado del Tribunal Superior de Justicia o la administración pública cuando no goza de una buena reputación.
En este sentido, la legisladora local propuso al Congreso del Estado una reforma de ley para impedir a los violentadores o deudores alimentarios, acceder a un cargo de elección popular o en la administración pública.
También planteó la creación de un padrón de los padres que incumplen con el pago de la pensión de los hijos. Mediante una reforma a la Constitución se establecerá una sanción para quienes incumplan con la manutención de los hijos o se niegue a cubrir el pago de educación y vestido.
“Con esta propuesta de Ley 3 de 3 no podría ser candidato, no podría ser servidor público ni siquiera podría estar dentro de este gobierno o del gobierno que se vaya a formar, en dado caso que algún candidato resultara electo, entonces, repruebo totalmente que se sume a violentadores a los equipos políticos de cualquier actor”.
Merino expuso que “el Registro de Personas deudoras Alimentarias Morosos” estará a cargo del Registro Civil y contendrá el nombre de los padres que por más de noventa días hayan incumplido con la obligación de dar alimentos a los hijos.
