Por Valentín Varillas
El gobierno panista de Rafael Moreno Valle, retiró por decreto 83 concesiones a legítimos propietarios de verificentros.
Ciudadanos que, en su momento, cumplieron a cabalidad con todos los requisitos burocráticos y las inversiones requeridas para operarlos.
Así, de manera fulminante y hermética, muchos de ellos perdieron su única fuente de ingresos.
¿La razón?
Iniciar un nuevo período de licitaciones en donde había una serie de empresas por decreto, designadas como favorecidas.
En todas, aparecía directa o indirectamente la figura de Jorge Kahwagi, primo hermano de José Cabalán Macari Álvaro, en ese tiempo Secretario de Infraestructura del gobierno estatal y por mucho, el hombre más cercano y de mayor confianza de Moreno Valle.
El negocio no era solo otorgar la concesión, sino equipar los verificentros.
Aquí aparecía en escena, otra empresa propiedad de Kahwagi: MPT, Medios y Procedimientos Tecnológicos SA de CV,
Negocio redondo con su consabido moche.
Pero la afectación social no paró ahí.
A pesar de que los nuevos centros de verificación vehicular utilizaban prácticamente los mismos equipos que la gran mayoría de los que dejaron de operar, Moreno Valle dio la instrucción a Rodrigo Riestra, Secretario de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, de que se rechazara el 30% del total de las verificaciones que se llevaran a cabo.
Esta medida tenía dos objetivos: el primero era meramente monetario.
Tener una ganancia adicional de aquellos vehículos que eran obligados a realizar el trámite por lo menos en un par de ocasiones.
Además, con ese elevado número de ficticios rechazos se buscaba justificar aquel “decretazo” con el que Moreno Valle y sus secuaces se hicieron del control absoluto del programa de verificación vehicular.
Mostrar una inexistente obsolescencia de los equipos anteriores y de paso vender mediáticamente que se había limpiado la rampante corrupción que en teoría existía en la forma de operar de los antiguos concesionarios.
Una enorme simulación.
Un gran teatro con el que, como en muchos otros programas y proyectos públicos, se hicieron de cientos de millones en tiempo récord.
¿Qué dijeron los panistas de todas estas marranadas?
Nada, absolutamente nada.
Los siempre decentes, puros y virginales representantes de la derecha poblana guardaron un cómplice silencio ante semejantes abusos.
La mayoría, sobra decirlo, le tenían pánico al entonces gobernador.
Con siquiera oír el apellido moreno Valle, perdían inclusive el control de esfínteres.
Hoy, les ha salido lo valiente.
En un afán de mostrarse como oposición, intentan tomar como bandera el tema de la verificación vehicular la defensa de las causas sociales.
¿Por qué no lo hicieron en ese tiempo?
¿O antes?
La verificación siempre ha costado en Puebla.
Jamás ha sido gratis como lo exigen hoy estas buenas conciencias, cuando ni siquiera se lo plantearon cuando eran el partido en el poder.
Desde el 2013, Puebla es uno de los estados que forma parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.
Instancia que coordina el gobierno federal.
Junto con otros estados vecinos de la Ciudad de México, está obligado a llevar a cabo acciones conjuntas que pretender tener un impacto real en la disminución de contaminantes producto de la combustión de motores de todo tipo de vehículos.
Por cierto, en ninguna de las entidades federativas que la integran, el trámite es gratuito.
No es, no ha sido, ni lo será jamás.
Es más, financiera y operativamente, resulta imposible que lo sea.
Por eso, que el PAN y otros actores pretendan lucrar políticamente con este tema resulta, por decirlo decentemente: absurdo, básico, elemental.
De una ignorancia supina que resulta ofensiva hasta para la inteligencia más pedestre.
